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Por Juan Negrón Ocasio

  • La actual situación crítica y las pésimas condiciones de sobrevivencia han permitido que el gobierno actué de forma indiscreta.
  • Los medios de difusión son usados de forma sardónica en donde expresan lo contrario de lo que hacen.
  • Esos ajustes incógnitos idealizados a puertas cerradas por el gobierno es un genocidio económico que, posiblemente, creará escape emigratorio de la población.

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Juan Bertin Negron OcasioEn Puerto Rico, la realidad de la economía ha cambiado como ha cambiado en numerosos países del mundo, pero no necesariamente ha sucedido por las consecuencias que se le achacan a los huracanes Irma, y más a María. Porque desde tiempos remotos hubo que enfrentar esos retos naturales y también asuntos financieros. Dentro la particularidad existencial financiera, lo que sucede es que aunque han cambiado las exigencias del control de gastos, la forma de generar rendimientos y fondos federales, deberían darse unos cambios económicos a esta nueva realidad con prudencia, y es evidentemente lo que no está ocurriendo. La crisis económica no debe ser justificación para dictar decretos que sean para forjar proyectos que fracasen y terminen perjudicando más a la población, y puedan crear peores condiciones de las que se afrontan.

Aparentemente, el ejecutivo y legisladores quieren adelantarse a unos intereses políticos electorales. Las incongruencias de asignar salarios, las expresiones de legisladores, las reformas gubernamentales, la ligereza de cambiar todo lo antes posible, incitan a creer que los intereses apoyan a entidades financieras. Mientras que, por otro lado, no mencionan medios efectivos, medidas económicas o proyectos que ayuden a la proliferación de reconstruir hogares ni aumento de empleos. La Junta Fiscal no debería ser un rival para la mejoría del “estatus financiero”. De acuerdo a la Ley PROMESA es un mecanismo para colaborar y desarrollar métodos, junto al gobierno de PR para mejorar la economía. Sin embargo, es usado como chivo expiatorio, justificación ante la opinión pública, enemigo número uno de propuestas arbitrarias.

La actual situación crítica y las pésimas condiciones de sobrevivencia han permitido que el gobierno actué de forma indiscreta. Los limitados medios económicos y los intermitentes recursos de electricidad limitan a la población al acceso de información concreta. Está carente de los medios para luchar contra el genocidio económico que se está dando y la atrofia financiera que se avecinará en el futuro cercano. Por lo tanto, la desesperación dentro de la inestabilidad socio-económica podría causar más violencia, suicidios, emigraciones, y deserción escolar. Por otro lado, aparte de los cambios que amenazan la poca estabilidad social de la isla, la iglesia y los religiosos se han mantenido al margen, sin ningún tipo de cumplimiento ético o moral, para aportar a soluciones a los inmensos problemas sociológicos y psicológicos.

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Obviamente, los políticos que controlan el gobierno no están cumpliendo con las responsabilidades a las promesas por las cuales fueron electos. Los medios de difusión son usados de forma sardónica en donde expresan lo contrario de lo que hacen. Utilizan un engaño informal y estructurado sin una convocatoria democrática en que el pueblo, las organizaciones sociales, y grupos afectados puedan colaborar o disentir de aquellos proyectos impulsados que les afecta, ni siquiera son considerados parte del proceso.

Los legisladores estadistas que han sido consultados acerca de los salarios exorbitantes no se sienten ser responsables, ni toman medidas para desautorizar dichos aumentos. Hay dudas de que no haya gente dentro de los servidores públicos que pudieran estar beneficiándose de tales salarios cuando el país está en bancarrota. En Puerto Rico existe una realidad novelesca: un 55% de la población vive en pobreza, cerca de un 20% está desempleado, durante los últimos seis meses el 10% no tiene electricidad y un 15% no tiene agua potable. Ninguno se ha expresado sobre el secreto público de los $1,500 millones en Hacienda. Pero defienden el despojo de los beneficios de los trabajadores, y un mísero aumento.

Esos ajustes incógnitos idealizados a puertas cerradas por el gobierno es un genocidio económico que, posiblemente, creará escape emigratorio de la población, condiciones extremas de pobreza, menos servicios médicos, alzas de contribuciones a artículos de primera necesidad y propiedades, y deficiencias en la educación y la infraestructura. Independientemente de la fiscalización de la Junta Fiscal, el gobierno debe publicar justificaciones convincentes de los ajustes económicos tan disímiles, como son los salarios, que afectan a la población.