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La legisladora Jiménez Santoni presenta enmienda para que pague $5.00 todo aquel que procure un certificado para trabajar con personas de edad avanzada, niños o personas con impedimentos.

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EL CAPITOLIO - La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Marissa ‘Marissita’ Jiménez Santoni, radicó el Proyecto del Senado 300, para enmendar la Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud, de manera que sea requisito el pago de un sello de rentas internas de $5.00 para rendir labores con estas poblaciones.

De acuerdo con la legisladora del Distrito de Carolina, se trata del inciso c al Artículo 4, de la Ley Núm. 300-1999La certificación de SICHDe será requisito para toda persona vinculada a la provisión de servicios a niños, personas de edad avanzada y personas con impedimentos a partir de la aprobación de esta ley. La certificación también será requisito para toda persona vinculada a la provisión de servicios a las poblaciones vulnerables antes descritas, que actualmente se encuentren proveyendo estos servicios y hayan comenzado a proveer estos servicios después de la aprobación de la Ley 300-1999., a los fines de establecer el requisito de pago de un sello de rentas internas por la cantidad de $5.00 en cada certificado de la ya mencionada Ley y expedido por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la distribución de los fondos y para otros fines relacionados.

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“Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico se aprobó la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, mejor conocida como ‘Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores de Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud’, que es de naturaleza preventiva al crimen que constituye el abuso físico y sexual y el maltrato contra estos sectores frágiles de nuestra población”, explicó la senadora Jiménez Santoni. “Esta certificación debe ser solicitada por cualquier persona que ofrezca servicios en centro de cuido, égidas, casas de salud, auspicio, salud en el hogar o en cualquier otra modalidad que ofrezca servicios a personas de edad avanzada, niños o personas con impedimentos, entre otros.”

Según explicó la legisladora, aunque el Gobierno de Puerto Rico ha convertido en Ley gran cantidad de medidas para evitar la violencia en la población más vulnerable, aún falta mucho por hacer.

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La información ofrecida por el Negociado de la Policía de Puerto Rico indica que, para el 2019 se habían expedido 108,647 certificados y 69,891 para el 2020, sin costo alguno.

“Lo que nosotros estamos recomendando es que para sacar el certificado, la persona tenga que pagar un sello de rentas internas por la cantidad de $5.00, que serán distribuidos en las distintas oficinas de la Ley 300 para sufragar gastos administrativos y en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, manifestó.

La intención de la senadora del Distrito de Carolina es identificar fuentes de ingresos para inyectarlas a los programas ya existentes que ayuden a la prevención y educación, así como también a los servicios que se les ofrecen a las víctimas de violencia de género.