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Lisie J. Burgos Muñiz levantó bandera por la forma en que se legisló el Proyecto de la Cámara 152.

Representante Lisie Burgos Muniz

EL CAPITOLIO – El Proyecto de la Cámara 152, que pretende establecer protecciones de empleo para pacientes de cannabis medicinal, es inconstitucional y traerá situaciones adversas. Esto a juicio de la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, quien participó en la Vista de Consideración Final (Markup Session) sobre la medida.

...represento a un amplio sector del pueblo conservador que decidió cerrar filas con Proyecto Dignidad.

“Desde el primer día que se comenzó a considerar la medida levanté bandera sobre las implicaciones adversas que este proyecto podría traer al sector laboral. De la forma en que está redactada la pieza legislativa es ambigua, inconstitucional y tiene vicios de vaguedad”, expresó Burgos Muñiz.

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El P de la C 152 enmendaría la Ley 42-2017Ley para reafirmar la prohibición del uso recreacional del cannabis y crear el marco legal para atender el cannabis medicinal... conocida como la Ley Medicinal, y según la legisladora impondría a los patronos “la no discriminación contra usuarios de Cannabis medicinal en el empleo, tanto del sector público como privado y sin distinción del tipo de empresa”, incluyendo iglesias, congregaciones religiosas, corporaciones con o sin fines de lucro, organizaciones de base de fe, instituciones educativas y sociedades.

...la mayoría de las personas certificadas como pacientes de Cannabis medicinal en Puerto Rico están en el renglón de los 21 a 30 años de edad, seguida de cerca por la población de 31 a 40 años.

Durante la única vista pública celebrada el pasado 26 de febrero de 2021, la portavoz de Proyecto Dignidad solicitó al presidente de la Comisión de Gobierno, Ortiz González, la que se celebraran vistas adicionales para que se escuchara el sentir de expertos en la Conducta Humana, Salud Mental y Adicciones, además de citar a los patronos privados, quienes en última instancia, se verán directamente afectados con la aprobación de esta medida. Su petición no fue atendida.

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“Yo no llegué a la legislatura sola, represento a un amplio sector del pueblo conservador que decidió cerrar filas con Proyecto Dignidad porque precisamente estaba cansado de que no se les considerara al momento de legislar", explicó Burgos Muñiz.

A pesar de considerar el proyecto insalvable, la representante Burgos Muñiz sometió unas enmiendas que buscan proteger los derechos establecidos en las Disposiciones Constitucionales de la Separación de Iglesia y Estado y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas enmiendas también van dirigidas a proteger las Instituciones Educativas, Corporaciones con o sin Fines de Lucro y Organizaciones Comunitarias de Base de Fe. Las enmiendas presentadas, sin embargo, no fueron aprobadas en la votación de la vista de Consideración Final.

“Nos llama la atención el hecho de que la ciudad de Nueva York tiene una población aproximada de 9 millones y con alrededor de 40 dispensarios de Cannabis Medicinal, mientras que en Puerto Rico, con 2/3 partes menos de la población de la ciudad de Nueva York, ya cuenta con 127 dispensarios y 200 esperando su licenciamiento. Otro dato que nos sorprendió es que la mayoría de las personas certificadas como pacientes de Cannabis medicinal en Puerto Rico están en el renglón de los 21 a 30 años de edad, seguida de cerca por la población de 31 a 40 años. Es indignante la manera en que ha sido evaluada esta pieza legislativa. Estas estadísticas son verdaderamente preocupantes”, expresó Burgos Muñiz.

“No puede ser que en Puerto Rico se continúe legislando para proteger solamente los intereses económicos de un sector, sin tomar en consideración las implicaciones que medidas como éstas tendrán en la ya afectada salud mental y el pobre desarrollo económico de nuestro pueblo. Esta legislación, sin pasar por un proceso riguroso, es una imposición que terminará afectando todos los sectores de nuestra sociedad", finalizó la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.