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La despolitización, la selección por mérito, la transparencia y la participación ciudadana son piezas claves de la propuesta.

Delgado Altieri en podio

SAN JUAN, Puerto Rico - El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, presentó un plan de acción contra la corrupción y el inversionismo político en el gobierno que incluye medidas para la despolitización, la selección por mérito, la transparencia y la participación ciudadana.

“A lo largo de nuestra historia, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido el embate de la corrupción gubernamental. El pueblo exige respuestas y también acciones concretas. No hay espacio para más promesas o planes cuyas recomendaciones se quedan en el tintero y nunca se ejecutan. Es necesario actuar sin dilación ni excusas. Hay que atajar la corrupción y encausar a los que le fallan al país”, explicó Delgado Altieri.

El plan está estructurado en siete ejes. El primero de ellos es la despolitización de la gestión gubernamental. Para ello Delgado Altieri propone el establecimiento de un registro y reglas para cabilderos en la Rama Ejecutiva, así como la reglamentación sobre reuniones para el recibo de propuestas para evitar la influencia indebida de conocidos o cabilderos que operen al margen de las reglamentaciones vigentes.

El segundo eje del plan establece normativas sobre contrataciones en Rama Ejecutiva y Legislativa. Sobre esto, el candidato popular propone que se acoja reglamentación de requisitos para contrataciones. Es decir, que se establezca un procedimiento de justificación de contratos de asesoría en la Rama Legislativa y Ejecutiva que contenga elementos uniformes y validados tales como la experiencia, área de dominio (expertise), preparación académica y equivalencia del conocimiento del área temática. Se adoptará, además, una escala de compensación con variables uniformes y prudentes. Igualmente, se propone la compensación justa y prudente para personas jóvenes sin experiencia, recién graduados que entran al gobierno por primera vez.

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El tercer eje del plan anticorrupción establece prácticas de sana administración pública con pre-intervenciones sistemáticas en toda contratación sobre $1,000,000.00. Bajo este renglón se establecerá por ley la prohibición de recibir honorarios contingentes (por ciento de ganancias para cabilderos o gestores que reciben bonificaciones por obtención de contratos) con fondos públicos. Además, se extenderán las regulaciones a subcontratistas para que cumplan con los requisitos de documentación con los que cumplen los contratistas.

De igual manera, se presentará proyecto de ley para establecer que toda entidad que reciba fondos públicos deberá mantenerlos en cuentas separadas para el escrutinio de la Oficina del Contralor o entidades del gobierno. También se establecerá un límite de gastos administrativos del 20%. Es decir, como mínimo el 80% de las asignaciones deberán usarse para servicios directos a la ciudadanía.

Delgado Altieri establecerá por ley los procesos y requisitos para la compra de equipos, productos, bienes o servicios, mientras esté vigente un estado de emergencia.

El cuarto eje anticorrupción de la propuesta establece los procedimientos uniformes sobre recursos humanos que incluye: el sistema de mérito para nombramientos de carrera y ascensos en el gobierno, la regulación de los puestos de confianza, y será mandatorio la evaluación y certificación de todo resumé enviado al gobierno.

En su quinto eje, el plan incluye la auditoría obligatoria a toda entidad gubernamental y no-gubernamental que reciba fondos públicos. Además, se establece que el incumplimiento reiterado de medidas correctivas emitidas por la Oficina del Contralor en Informes de Auditorías será una causa de acción para la remoción, suspensión o destitución de secretarios y jefes de agencias.

No hay espacio para más promesas o planes cuyas recomendaciones se quedan en el tintero y nunca se ejecutan.

Con su plan anticorrupción gubernamental Delgado Altieri se propone a restituir la confianza en las agencias reguladoras y fiscalizadoras revisando los procesos de la Oficina del PFEI, el NIE, la División de Integridad Pública y de Crimen Organizado.

El séptimo eje del plan tiene que ver con la transparencia y participación ciudadana. Para lograr estos objetivos, Delgado Altieri propone que todas las juntas de gobierno o juntas de corporaciones públicas tengan al menos un representante del interés público, que no sea parte del gobierno.

Igualmente, se consultará al pueblo cuando surjan decisiones que cambien dramáticamente el orden social, el funcionamiento del sistema constitucional o que envuelva la obligación de recursos considerables o comprometa presupuestos futuros de forma recurrente.

“Ciertamente para acabar con la corrupción gubernamental hay que tener voluntad para atacarla en todos los frentes. Con este plan que le presento al país vamos a combatir la corrupción con medidas reales en un plan integral que garantice la pulcritud y la ética en el gobierno”, concluyó diciendo Delgado Altieri.