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La Asociación presentó una demanda contra la Oficina del Contralor Electoral por violar su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución.

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SAN JUAN, Puerto Rico - La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico demandó en el Tribunal Federal a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), luego de la aprobación de un reglamento sobre el uso de las páginas oficiales de internet y redes sociales de los funcionarios públicos, por entender que viola su derecho cobijado bajo la Primera Enmienda -Libertad de Expresión-.

Los demandantes solicitaron al juez federal Gustavo Gelpí que emita una orden de interdicto interlocutor y permanente. El nuevo reglamento dispone que todo funcionario principal del gobierno que aspire a un puesto electivo tanto en primarias como en los comicios generales, estará obligado a separar sus páginas de Internet y sus cuentas de redes sociales relacionadas con su campaña.

El recurso legal, interpuesto además por el alcalde de Villalba, Luis Hernández Ortiz, alega que la nueva regulación del contralor electoral constituye una extralimitación de sus poderes “sin precedentes”.

Afirma que los medios electrónicos son herramientas cruciales en las campañas políticas y que están siendo interferidos en medio de la campaña eleccionaria y en momentos en que existe una pandemia por el Covid-19.

Nisandra At Phone

La Asociación de Alcaldes hace referencia al OCE-DET-2020-02 Determinación sobre las Páginas Oficiales de Internet y Redes Sociales de Entidades Gubernamentales y Funcionarios Principales, que establece que “las páginas y los portales cibernéticos de las tres ramas del Gobierno y de los gobiernos municipales, incluyendo sus respectivos contenidos oficiales en las redes sociales, podrán continuar su curso de operación y difusión siempre que no incluyan la exposición de logros; mensajes, lemas o símbolos relacionados con compañas políticas; ni se favorezca o desfavorezca la figura o la imagen de ningún funcionario elegido y tampoco a aspirantes o candidatos a cargos públicos por elección”.

Indica además que la Oficina del Contralor Electoral considerará como contenidos oficiales en las redes sociales todas las páginas de un funcionario principal o personas supervisadas por éste, sean empleados públicos, voluntarios o contratistas.

Añade el reglamento que el uso de empleados en tiempo laboral, incluyendo al propio funcionario principal, se considera como uso de propiedades y fondos públicos.

Para determinar si una página en la Internet es oficial o privada, la OCE considera, entre otras cosas, si el funcionario principal publica gestiones oficiales realizadas en su carácter de funcionario principal.