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Los alcaldes miembros de la organización aseguran que la Junta de Control Fiscal no entiende el funcionamiento y operación de los municipios.

Liga Ciudades

SAN JUAN, Puerto Rico – Una organización de alcaldes de Puerto Rico, conocida como La Liga de Ciudades de Puerto Rico, expresó su indignación ante la acción de la Junta de Control Fiscal de ajustar los presupuestos de diez municipios, alegó que el ente fiscalizador pretender usurpar el poder de los funcionarios electos, y aseguró que esos presupuestos tendrán un efecto nefasto para los residentes de estos municipios.

La alcaldesa de Ponce, María E. Meléndez Altieri, miembro de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, dijo: “Cuando se anunció, el 9 de mayo del 2019, que la Junta proponía cubrir a los 78 municipios bajo su mandato nos surgieron muchas dudas, inquietudes y preocupaciones. Hoy, ante el accionar de la Junta de Control Fiscal comprobamos que estábamos en lo correcto con nuestras preocupaciones.”

Los planes fiscales preparados por la Junta de Control Fiscal prohíben a estos diez municipios pagar el bono de Navidad a los empleados y eliminan los donativos a personas y organizaciones

El pasado año 2019, la Junta aprobó de manera unánime un plan piloto para que 10 municipios (Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, Quebradillas, San Sebastián y Villalba) presentaran un plan fiscal, con el fin de que pudieran estar cubiertos por la ley federal PROMESA. Este plan piloto tiene como propósito reducir gastos, aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia de los municipios.

“Dijeron que habían escuchado a los alcaldes, que estaban siendo proactivos para ayudarnos a delinear e implementar un plan que nos aleje de la insolvencia y nos lleve a la estabilidad fiscal y al desarrollo económico. Imagínense, que José Carrión dijo que todo esto era para que pudiéramos seguir haciendo lo que hacemos mejor: servir las necesidades de sus constituyentes. Cuando la realidad es que nos están dejando inoperantes”, afirmó por su parte el alcalde de Cabo Rojo, Bobby Ramírez Kurtz.

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De otro lado, el primer ejecutivo de San Sebastián, Javier Jiménez, opinó que la Junta desconoce el funcionamiento de los ayuntamientos, y el presupuesto preparado por el ente fiscal impone restricciones a las operaciones de los municipios que tendrán implicaciones nefastas en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. “El cumplir con el plan fiscal tendría implicaciones nefastas para los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y para nuestra fuerza laboral, mucha de la cual gana el salario mínimo”, expresó Jiménez.

Pedro Juan García Figueroa, alcalde de Hormigueros, no le reconoció autoridad a la Junta para establecer el plan fiscal de los municipios. Mientras, Betito Márquez, alcalde de Toa Baja, expresó que la Junta debe conocer primero las funciones de los municipios. “Es mucho lo que hemos aguantado, lo que el Gobierno Central nos ha quitado...”, dijo Márquez.

La Liga de Ciudades de Puerto Rico se sostiene en que, si bien es importante colaborar con todos los entes que operan en el país, esta colaboración no se puede convertir en una sindicatura a los municipios ni a que se usurpe el proceso decisional de los municipios y sus funcionarios electos.