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Esto ante la publicación del informe de gastos tributarios del gobierno.

Cecille Blondet EA

Foto: Cecille Blondet, director ejecutiva de Espacios Abiertos

SAN JUAN, Puerto Rico – Espacios Abiertos (EA), una organización que fiscaliza los gastos del gobierno, desistió del caso que se encontraba ante la consideración del Tribunal Supremo, toda vez que el gobierno publicó el Informe de Gastos Tributarios, lo que según EA, es un paso para lograr la transparencia en los gastos fiscales de Puerto Rico. Así lo informó la directora ejecutiva de la organización, Cecille Blondet.

De acuerdo con Blondet, la publicación del informe fue una batalla que llegó hasta los tribunales por la supuesta negativa del gobierno a divulgar la información sobre concesiones contributivas, que había compartido con la Junta de Supervisión Fiscal desde julio de 2017.

“Lo que hasta la semana pasada era un número desconocido, ahora es una figura concreta. Ya finalmente conocemos que en Puerto Rico los gastos tributarios (que incluyen créditos contributivos, exenciones, deducciones y tasas preferenciales) sobrepasan los $20 mil millones anuales”, declaró Blondet.

Los gastos fiscales o tributarios son todas las exclusiones, deducciones, exenciones y créditos contributivos, entre otros, que el gobierno le da a diferentes tipos de contribuyentes: individuos, empresas, industrias e instituciones sin fines de lucro. Ello con el fin de que con la actividad que se proyecta generarán esos contribuyentes, ayuden a mejorar la economía o tengan un impacto social.

En noviembre de 2018, Espacios Abiertos radicó un Mandamus en la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia. Un mes más tarde, la jueza Lauracelis Roques Arroyo falló a favor de la organización y le dio 5 días al Departamento Hacienda para entregar el también llamado informe sobre ‘Tax Abatements’. Sin embargo, Hacienda recurrió al Tribunal Apelativo. Posteriormente, en opinión dividida dos a tres, un panel de jueces del Apelativo emitió un fallo a favor de mantener la información sobre las concesiones contributivas fuera del ojo público. Reclamando que el Tribunal Apelativo erró en su determinación, Espacios Abiertos entonces recurrió al Tribunal Supremo a principios de septiembre para hacer valer el derecho constitucional de acceso a la información pública. Y allí en el Supremo se encontraba pendiente el caso, cuando entonces Hacienda publicó el IGT el lunes de la semana pasada.

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“La publicación del informe confirma lo que argumentaba Espacios Abiertos en los tribunales, que la información sobre los gastos fiscales es información pública y como tal debe estar accesible a todo el mundo. Lo que era un presupuesto oculto en Puerto Rico, ahora por fin es información de dominio público. La discusión pública que se ha generado a partir de la información contenida en el Informe y la necesidad que se ha planteado de su oportuna evaluación, es precisamente lo que postulaba Espacios Abiertos que hacía falta en Puerto Rico”, declaró Blondet.

“Nuestro pueblo debe tener acceso a conocer todos sus gastos, los que se hacen contra los ingresos que recibe el erario así como los que se dejan de ingresar por concesiones. La importancia de que se publique el informe es que la gente pueda evaluar su contenido y pasar juicio sobre si ese dinero que se concede en créditos y exenciones está bien invertido, si verdaderamente se producen ganancias y empleos al país, y si adelanta las políticas públicas establecidas o si resulta en el beneficio social anhelado”, resaltó Blondet.

La directora ejecutiva entiende también que se debe aprobar legislación para que, además de asegurar que anualmente se publique la información sobre los “gastos fiscales o tributarios”, también se establezca qué contenido debe incluirse en el referido informe. Espacios Abiertos recomienda utilizar como modelo el informe y la legislación del estado de Oregón, y a esos efectos se trabajó un anteproyecto de ley para consideración de la legislatura.