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Los representantes de la compañía A eran el padre y tía del dueño de la compañía C, y el dueño de la compañía B era exempleado de la compañía C.

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SAN JUAN, Puerto Rico – Cuatro compañías vinculadas por intereses familiares y económicos licitaron de manera coordinada, y aparentando competencia entre sí, para obtener contratos de compras con el municipio de Añasco.

Así lo determinó el informe de auditoría M-21-17 de la Contraloría de Puerto Rico luego de una investigación por una querella sobre las compras realizadas por el municipio a un proveedor de venta de materiales de imprenta.

La investigación reveló la apariencia de competencia entre cuatro compañías relacionadas por vínculos familiares o económicos, con el objetivo de licitar de manera coordinada, para aparentar competencia entre ellos.

Del 2014 al 2016, el municipio emitió y pagó 29 órdenes de compra por $97,443 a favor de la compañía A. En 27 de ellas se consideraron cotizaciones de las compañías A, B, C y D.

Los representantes de la compañía A eran el padre y tía del dueño de la compañía C. El dueño de la compañía B era exempleado de la compañía C. El dueño de la compañía D realizaba trabajos de reparación de imprenta a la compañía A.

Para el periodo investigado, la compañía A pagó $49,151 a la compañía C por concepto de nómina, $7,087 a la compañía D por concepto de reparaciones y mantenimiento de equipo, y $800 a la compañía B por servicios profesionales.

Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia, a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, a la Fiscalía Federal y al Negociado Federal de Investigaciones el 30 de agosto de 2019. Al presente, dichas situaciones están pendientes de resolución.

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Los proveedores mencionados incurrieron en prácticas de acuerdos anticompetitivos con la intención de defraudar al municipio y al erario. La situación comentada ocasionó la falsa apariencia de competencia entre proveedores lo que privó al municipio el tener a su disposición varias alternativas. Además, se pudo configurar, entre otros, los delitos de fraude, conspiración e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

El informe especial señala también que el municipio ordenó efectuar siete compras a favor de la compañía A por $32,160 sin emitir las órdenes de compra. Éstas se registraron hasta seis meses después de recibir los bienes, lo que impide mantener un control eficaz del presupuesto de compra y puede propiciar sobregiros en las partidas de gastos.

Contrario a las leyes y reglamentación vigentes, las cotizaciones de los proveedores incluidas con los comprobantes de desembolso examinados no tenían el nombre, título, ni la firma del funcionario o empleado municipal que las procesó. Esta situación dificulta que se pueda detectar a tiempo posibles irregularidades para fijar responsabilidades a los funcionarios o empleados que intervienen en estos procesos.

La investigación recomienda que la Oficina de Gerencia y Presupuesto se asegure que el municipio de Añasco cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El informe especial cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.