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Carmen Maldonado González, Alcaldesa de Morovis
Vicepresidenta del Partido Popular Democrático

El liderato del PNP no tiene derecho a engañar a la población con argumentos falsos y esperanzas vanas.

Puerto Rico Statehood Threshold

Carmen Maldonado Alcaldesa MorovisNuevamente el Partido Nuevo Progresista agarra de la ilusión de la estadidad como excusa para no hacer el trabajo que deben realizar cuando están en el gobierno. Tantas veces hemos visto y escuchado a líderes y funcionarios electos usar la coletilla de “la colonia” en cada ocasión cuando no tienen soluciones o alternativas a la labor que deben realizar.

La realidad que ocultan los promotores del asimilismo es que no existe cláusula o enmienda a la Constitución de Estados Unidos que diga, ni que sostenga que la estadidad es un derecho civil, o constitucional. Repetir lo contrario es promover una falsedad que sigue y seguirá siéndolo.

Otra mentira que el liderato del PNP pretende venderle a los puertorriqueños, es que la estadidad nos beneficiaría económicamente. La verdad es que nos costaría mucho más que los beneficios de aumento en programas como Medicare, Medicare, Seguro Social Suplementario y otros programas, versus lo que habría que pagar los individuos, corporaciones y pensionados bajo la estadidad.

De manera que aquella cancioncita de la campaña política pasada, “más dinero en tu bolsillo...”, era otro señuelo para los ilusos. Para los que tengan dudas adicionales, los invito a la examinar el informe de la General Accounting Office denominado GAO-14-31 emitido en el 2014, que establece más allá de duda razonable que la estadidad no nos conviene económicamente.

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A manera de resumen, vayamos a los datos concretos: en el año 2010, los contribuyentes puertorriqueños que tuvieron que pagar contribuciones sobre ingresos en Estados Unidos (mayoría empleados federales) pagaron solamente $20 millones. Si Puerto Rico hubiera sido estado, los ciudadanos hubiésemos pagado entre $2. 2 y $2.3 billones, sumado a los impuestos locales.

Pasando a los impuestos sobre las corporaciones subsidiarias de las basadas en Estados Unidos, los datos evidencian que en el 2009, pagaron $4,300 millones. Si Puerto Rico hubiera sido estado, dichas corporaciones hubieran pagado entre $5 mil y $9 mil millones. Los otros impuestos aduaneros, sobre herencia, empleo y consumo como la gasolina, el aumento hubieran superado varios billones.

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Aunque el liderato del PNP se prepara para ir a Washington a presentar los resultados del llamado plebiscito que empujaron el mismo día de las elecciones, la respuesta ya está servida: siempre se supo que dicha consulta no fue avalada por el Congreso federal, de manera que nadie puede alegar que los resultados serán atendidos a nivel de Estados Unidos.

Bajo la democracia, todos los ciudadanos tienen el derecho de promover la fórmula de status que prefieran. A lo que el liderato del PNP no tiene derecho, es a engañar a la población con argumentos falsos y esperanzas vanas. La solución a los problemas de Puerto Rico tiene que originarse en Puerto Rico y por los puertorriqueños. Nadie en el mundo conoce mejor cómo determinar nuestro futuro político, social y económico.