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El anuncio lo hizo el alcalde Juan Carlos García Padilla en la mañana del 15 de febrero de 2017 a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

Juan Carlos Garcia Padilla

Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo

COAMO, Puerto Rico - El alcalde del Municipio de Coamo afirmó que su administración municipal ha hecho varias gestiones con la Autoridad de Carreteras (AC) para conseguir que se terminen los trabajos de la construcción de puente sobre el Río Descalabrado que conecta a los municipios de Coamo y Juana Díaz, en la carretera PR-14.

El anuncio lo hizo Juan Carlos García Padilla en la mañana del 15 de febrero de 2017 a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

"El Municipio de Coamo ha realizado múltiples gestiones pero la construcción se paralizó por un pelito legal entre la AC y el contratista. Al día de hoy, tanto el Municipio de Juana Díaz como nostros en la ciudad de Coamo, hemos realizado diversos trámites, pero continúa la controversia legal con Robles Asphalt que no ha permitido finalizar el proyecto manteniendo como rehén la gente que transita por la vía diariamente y los residentes del sector", indicó el alcalde García Padilla en el comunicado.

La construcción del puente en la carretera PR-14 se aprobó luego de una evaluación de las instalaciones de hierro que existían anteriormente, según el parte de prensa.

BA Centro de Inspeccin El Pino"Hay un aspecto de seguridad vial y una inversión importante y seguiremos en nuestro reclamo para que la obra finalmente se construya en su totalidad", terminó diciendo el primer ejecutivo de Coamo.

De acuerdo con su página web, Robles Asphalt es una compañía dedicada a la industria de la construcción localizada en el barrio Coto Laurel, de Ponce, y entre sus proyectos tiene la urbanización Villa Luciana, en Juana Díaz y la construcción de la PR-10 en Adjuntas y Ponce.

En el 2015, el Tribunal Federal en Puerto Rico encontró causa contra Robles Asphalt y otra empresa por fraude en el proceso de suplido de concreto para la construcción de la pista del aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla

La determinación del Tribunal Federal le impidió a las empresas a hacer negocios con el gobierno durante diez años a partir de la sentencia.