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La Comisión de Seguridad Pública del Senado atiende en vistas públicas un proyecto relacionado.

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EL CAPITOLIO - La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) solicitó en vista pública ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado no se hagan exclusiones de delito a la hora de limpiar el certificado de antecedentes penales de los confinados que salgan a la libre comunidad, una vez hayan cumplido su sentencia por el delito cometido.

La licenciada Mayte Bayolo Alonso, en representación de la organización sectaria sin fines de lucro, entiende que con el castigo de estar privados de la libertad es suficiente para los confinados y continuar condenándolos una vez hayan cumplido con la sociedad.

“En relación con estas excepciones, resulta pertinente señalar que, de acuerdo a las propias estadísticas que proveyó el Departamento de Corrección en el año 2015, de las cerca de 16 mil personas que se encontraban privadas de su libertad en ese año, un total de 2,247 había resultado culpable de asesinato. Esa catalogación incluye los asesinatos en primero y segundo grado y los asesinatos atenuados. Las personas privadas de su libertad por delitos de índole sexual eran 427. Un total de 884 personas se encontraban apresadas por delitos de violencia doméstica. Esto quiere decir que un total de 3,558 estarían impedidas, de acuerdo a la medida propuesta, de ver cristalizado su derecho constitucional a la reinserción en la comunidad una vez obtenida su libertad”, señaló Bayolo Alonso.

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La expresiones de la letrada se dieron durante la vista pública de la Comisión de Seguridad Publica que preside el senador Henry Neumann Zayas sobre el Proyecto del Senado 1166 de la autoría del propio presidente de la comisión que tiene la intención de enmendar la Ley de Certificado de Antecedentes Penales a los fines de establecer que una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, al momento de liberarse al convicto se haga entrega de un record de antecedentes penales negativo con excepción de aquellos que hayan delinquido en los siguientes casos:

  • asesinato en todas sus modalidades,
  • agresión sexual,
  • pornografía infantil (producción, posesión, propaganda, transmisión o distribución),
  • corrupción
  • crímenes de violencia de género
  • y/o crímenes de lesa humanidad.

“Es mi sentir que una vez una persona que cumplió en una cárcel de la Isla pueda salir a la libre comunidad con una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para rehacer su vida. Para mí este es uno de los proyectos más importante, porque es totalmente injusto lo que estamos haciendo con miles de jóvenes que quieren rehacer su vida y no pueden hacerlo”, señaló, por su parte, Neumann Zayas.

En cuanto a los argumentos esbozados por la ACLU, Neumann enfatizó que hay crímenes que son aborrecidos por la sociedad, aunque también está de acuerdo que una vez cumplida su pena todos puedan tener certificados de antecedentes penales limpios.

Como algo no tradicional en las vistas públicas de la Asamblea Legislativa, el primer deponente de la audiencia lo fue el senador de mayoría, Carlos Rodríguez Mateo, quien dio testimonio sobre su experiencia con esta situación cuando fue alcalde del municipio de Salinas. Este indicó que tenía dos programas para que los confinados pudieran trabajar en el municipio, esto entre otras cosas, a través de un acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación que en aquel entonces era dirigido por el ahora senador, Miguel Pereira Castillo.

El senador relató cuales fueron sus iniciativas a estos fines cuando fungía como primer ejecutivo municipal y habló acerca de los programas implementados en el municipio y sus resultados, los cuales calificó de positivos. “Tengo que decir que en los seis (6) años y medio nunca tuvimos problemas con esos confinados”, aseguró. “Todavía hoy trabajan siete (7) confinados que trabajan en diferentes tareas incluyendo finanzas. Si no le hubiésemos dado esa oportunidad, muchos de hechos hubiesen tenido que delinquir”, afirmó.

Mientras el senador del PPD, Miguel Pereira Castillo sugirió se cite a la Oficina de pre-salida del Departamento de Corrección y Rehabilitación para que aclare qué servicios se le brindan al confinado actualmente al momento de obtener su libertad. La petición surge luego de que el presidente de la comisión de seguridad pública preguntara a la ACLU si había escuchado de dicho programa y la licenciada Bayolo Alonso contestara en la negativa.