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En Puerto Rico, una menor de edad puede ir a una clínica a realizarse un aborto, sola, y la clínica no está obligada a notificar a un adulto.

Venegas Brown aborto

EL CAPITOLIO – Para la senadora Nayda Venegas Brown, autora del proyecto del senado 950 que regularía la práctica del aborto en Puerto Rico, la evidencia surgida en vistas públicas sobre el asunto afirma que la práctica del aborto tiene un solo fin: hacer dinero. Según Venegas Brown, el aborto se ha convertido en “una industria que, por décadas, ha violentado los más básicos requerimientos de consentimiento informado, dejando a la mujer a merced de este negocio de muerte”.

El proyecto, enmendado y ya aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, contiene protecciones de avanzada a favor de la salud de la mujer y su consentimiento informado dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico.

Según expresa la legisladora en una carta abierta, las clínicas donde se practica el aborto deberían someterse a regulaciones rigurosas para poder operar, y brindar la información necesaria, y advertida de las consecuencias, a la mujer antes de tomar la decisión de someterse al procedimiento.

Durante las vistas, el proyecto encontró oposición de las abortistas, específicamente que se les permitiera mostrar un sonograma a las madres que lo soliciten. La senadora afirma que el TribualSupremo Federal permitió esta regulación porque ayuda a la mujer embarazada a tomar una decisión informada.

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“Sin embargo, los abortistas en Puerto Rico se negaron. Claro, porque no les interesa el consentimiento informado de la mujer. Ciertamente, si una mujer puede ver lo que hay en su vientre y puede informadamente saber de qué tamaño es el feto y escucha sus latidos, las posibilidades de que aborte se reducen sustancialmente. Y claro, la clínica perdió su cliente. Todo se trata de dinero”, reitera la senadora por el distrito de Carolina.

Preocupa a la legisladora que estas clínicas están faltas de fiscalización del Gobierno y promueven el aborto como primera solución ante la crisis de una mujer desesperada al encontrarse con un embarazo inesperado.

“Lamentablemente, quienes único se perjudican con este esquema, son las mujeres en conflicto y desesperadas que llegan a estas clínicas, ya que son fáciles de persuadir hacia una solución supuestamente rápida y, alegadamente segura, que sólo costará unos cientos de dólares resolver. Si una mujer adulta y desesperada es presa fácil para estos negocios, imagínese una menor.”

Aclara la autora del proyecto que en Puerto Rico, una menor de edad puede ir a una clínica a realizarse un aborto, sola, y la clínica no está obligada a notificar a un adulto. Tampoco están en la obligación de notificar a las autoridades de la violación que ha sufrido la menor. “Sí, una violación. Que no se nos olvide, que cuando una menor queda embarazada, alguien ha cometido el delito de violación, haya ésta consentido o no al acto sexual.” Y añade que si la menor se arrepiente de abortar antes del procedimiento, de todas formas la clínica le cobrará el aborto.

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¿Que propone el Proyecto del Senado 950 para prevenir estos abusos a menores?

El proyecto se enfoca en el bienestar y la protección de la menor como prioridad. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que la Legislatura puede hacer leyes para adelantar el consentimiento informado de las menores en procedimientos de aborto pero también, la protección de éstas.

Esta propuesta de ley exige que, en un momento de crisis por un embarazo inesperado, la menor cuente con sus padres a la hora de tomar esta decisión, o en su lugar, un juez de un tribunal que pueda indagar sobre la madurez de la menor y asegurarse que está tomando una decisión informada.

“De esta forma, contamos con mayores garantías de que la menor sí conoce sus derechos, las consecuencias de realizarse un aborto, además de que aumentamos las probabilidades de lograr prevenir, evitar y detener un posible abuso sexual que haya o se encuentre sufriendo esta menor”, terminó diciendo Venegas Brown.

Al día de ayer, el proyecto no había llegado a Fortaleza para la firma del Gobernador, pero éste adelantó que vetaría el mismo porque se trata de un derecho a la intimidad de la mujer.