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“Ninguna ley puede discriminar a las personas no videntes, ni con alguna otra discapacidad.” –Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA

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SANTURCE, Puerto Rico - Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), cuestionó algunos de los señalamientos por parte de funcionarios del Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico en vista pública en la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado 1050 porque claramente “rayan en discrimen contra las personas con alguna discapacidad”.

Cuando el Representante por Acumulación ante la Cámara de Representantes, Néstor Alonso Vega, abogado de profesión y no vidente, preguntó: “¿si yo fuera a solicitar hoy mi licencia de armas, me la dan?” hubo un silencio sepulcral en la sala. Luego, le contestaron al Representante que se recibiría la solicitud y tendrían que evaluarla.

Torres Meléndez explicó que “reaccionaron de manera errónea y demostraron total desconocimiento, ya que la ley vigente especifica que es un proceso expedito para funcionarios de gobierno y exfuncionarios, según definidos en la Ley 404-2000". Acto seguido, el legislador les cuestionó: “¿o sea, que ustedes me estarían discriminando porque yo soy ciego?”.

Torres Meléndez dijo que “ninguna ley puede discriminar a las personas no videntes, ni con alguna otra discapacidad”.

Bajo la actual Ley de Armas, las personas con discapacidad que practican el deporte de tiro reciben una certificación por parte de la Federación de Tiro, documento mediante el cual el gobierno les exime de pagar el sello federativo y los comprobantes.

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Torres Meléndez informó además que en los Estados Unidos y otros países en el mundo “existen equipos de tiro compuestos por personas no videntes; otros que no tienen brazos y disparan con los pies y también en sillas de ruedas”. Recordó que “la vida de todo ser humano vale lo mismo, la de un sordo o un ciego vale igual que la mía, que gracias a Dios tengo salud. Lo más sagrado es tu vida y tenemos derecho a defenderla”.

El presidente de CODEPOLA recalcó que la Constitución de los Estados Unidos nos garantiza el derecho a la tenencia y portación de armas, porque la intención de los Padres Fundadores de los Estados Unidos era que pudiésemos defendernos de un gobierno tirano, pero ciertamente en estos tiempos tenemos que defendernos de la ola criminalidad que arropa nuestro país”.

En la exposición de motivos Proyecto del Senado 1050, se especifica que para el 26 de junio de 2008, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la 2da. Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América constituía ser un derecho de carácter individual, fundamental (District of Columbia vs Heler); y el 28 de junio de 2010, provocados por el Municipio de Chicago, la Corte Suprema confirmó que el derecho a tener y portar armas es de carácter individual, fundamental aplicable a los Estados y territorios (Otis McDonald vs City of Chicago) en virtud de la Cláusula de Debido Proceso de Ley de la 14ta. Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

...la única alternativa viable, tangible e inmediata que tiene el gobierno para comenzar a resolver el problema de criminalidad es aprobar la nueva Ley de Armas...

“Ahora es el momento del pueblo unirse para exigir una nueva ley porque no estamos hablando de armas, estamos hablando de un derecho fundamental para la ciudadanía, que se puedan obtener las licencia a un costo menos oneroso al ciudadano decente”, afirmó.

Torres Meléndez comentó que tras el paso del huracán María, hubo un aumento significativo en la criminalidad ante la falta de energía eléctrica en la Isla, provocando un alza significativa en las solicitudes de licencias de armas por parte de mujeres jefas de familia, comerciantes y la ciudadanía en general, motivados por defender vidas y propiedad. De 127 ciudadanos a la semana, CODEPOLA llegó a tramitar hasta 230 personas en un mismo día solicitando licencias de armas.

Sin embargo, ahora que el sistema de energía eléctrica y otros servicios esenciales se han normalizado, son muchos los ciudadanos de todas las profesiones que esperan por la aprobación de la nueva Ley de Armas para gestionar su licencia o portación de armas debido al alto costo.

Lamentó que la seguridad pública del país se haya visto afectada por el éxodo masivo de oficiales de la policía que se han retirado o han sido reclutados para unirse a la fuerza del orden público en algún estado en los Estados Unidos. Concluyó que la única alternativa viable, tangible e inmediata que tiene el gobierno para comenzar a resolver el problema de criminalidad es aprobar la nueva Ley de Armas, porque la Policía de Puerto Rico no da abasto ante el aumento en la incidencia criminal y los cambios en el modus operandi de los delincuentes en el país.