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El Departamento de Justicia apoya la medida pero recomienda consulta sobre posible impacto fiscal que pueda conllevar la implementación de la misma.

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EL CAPITOLIO - La Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside Henry Neumann Zayas, realizó una vista pública sobre una medida para proveer a víctimas de violencia doméstica de una aplicación de detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés), o cualquier otra tecnología que cumpa con estos fines. La aplicación sería utilizada en teléfonos o relojes inteligentes dentro de la distancia dispuesta por la orden del tribunal.

“Para nosotros en el senado de Puerto Rico esto es un tema sumamente importante por todos los casos que han acontecido en las últimas semanas. Esto es una prioridad y no dudaremos que hacer cualquier esfuerzo para darle protección a las víctimas de violencia de género y que no caiga una vida más por este mal social”, señaló Neumann Zayas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación establece que, para asegurar la protección de la víctima, al presente ofrece la alternativa de poseer un teléfono celular que provee la compañía que les presta el servicio de supervisión electrónica (Track Group). Según explica la agencia, el procedimiento para la obtención surge en la intervención inicial, luego de los hechos, cuando la Unidad Especializada de Violencia Doméstica del Negociado de la Policía de Puerto Rico orienta a la víctima sobre la disponibilidad del teléfono celular. El aparato lo que permite es marcar un teléfono de ayuda como, por ejemplo, al 911 o a las oficinas del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). En la intervención del agente policiaco, se cumplimenta el documento “Hoja de la Victima”, en el que se informa si interesa el teléfono celular. Si la perjudicada acepta el mecanismo disponible, un representante del PSAJ le hace entrega de este.

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Por otro lado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ya concretizó el proceso de subasta para renovar los servicios de monitoreo electrónico. Como parte del mismo, se está requiriendo que se incluya una aplicación tecnológica para la detección del agresor dentro de las zonas de exclusión establecidas. “Dicha tecnología es cónsona con la propuesta en la presente medida legislativa”, señaló la Lcda. Margarita Schmidt; Directora del PSAJ.

“En ese sentido, la utilidad del aparato electrónico sugerido en este proyecto de ley sirve a los fines de ofrecer mayor garantía de seguridad a la víctima de violencia doméstica. Proteger la vida, integridad y seguridad de esta y sus familiares es tarea de primer orden que debe ser atendida con un alto grado de responsabilidad y sensibilidad. Ahora bien, se debe salvaguardar la intimidad del ofensor. Por el hecho de ser imputado de delito no claudica a sus mínimas salvaguardas de protección e integridad. A esos fines, recomendamos que este aparato electrónico de rastreo del agresor se programe para activarse únicamente cuando se violenten los parámetros establecidos por la orden del tribunal, y no para ofrecer información que violente el derecho a la intimidad del imputado”, acotó la letrada.

Otra sugerencia de Corrección es que se consigne en la medida alguna disposición que promueva la participación activa de la víctima durante el proceso de supervisión del imputado, de tal forma que el Estado se asegure que entienda la utilidad del aparato electrónico y se mantenga utilizándolo para asegurar su integridad física y su propiedad.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia, apoya la medida por entender que está a tono con los propósitos de la Ley Núm. 54, dirigidos a adoptar estrategias para la prevención de la violencia doméstica y que la misma está acorde con la política pública que pretende establecer y fortalecer los mecanismos necesarios para ofrecer protección a las víctimas.

...la utilidad del aparato electrónico sugerido en este proyecto de ley sirve a los fines de ofrecer mayor garantía de seguridad a la víctima de violencia doméstica.

Pero a su vez, recomienda que se consulte con la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el posible impacto fiscal que pueda conllevar la implementación de la medida.

La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) también se expresó a favor del Proyecto de la Cámara 713, enfatizando que la seguridad de las victimas es primordial, pero aclararon que, para este año fiscal, los fondos destinados para la supervisión electrónica de agresores que eran recibidos en la OPM fueron otorgados directamente al Departamento de Corrección y Rehabilitación. La cantidad de dicha otorgación era de $1,250,000.00. Además, la OPM ha sufrido reducciones significativas en presupuesto, desde el 2016, con una reducción global de $565,000.00. Para este año el presupuesto operacional es de $2,135,000.00, cantidad que incluye $104,000.00 en reserva presupuestaria. “Es por esto que entendemos que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación la agencia capacitada y subvencionada para adquirir la aplicación tecnológica necesaria para la implementación de este proyecto de ley”, señala la Procuradora Leroy Boria en ponencia escrita.

Otra de las agencias que depuso fue el Departamento de Seguridad Publica quienes también se expresaron a favor de la medida.

El Proyecto de la Cámara 713, de los representantes; Félix Lassalle, José “Che” Pérez Cordero, Joel Franqui Atiles y Michael Abid Quiñones Irizarry, enmendaría la “Ley para crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención para atender los casos de violencia doméstica agravada”. En la vista pública participaron los senadores: Zoé Laboy, Miguel Pereira y Nelson Cruz.