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La Junta de Control Fiscal y el gobierno decidieron que la aportación patronal al plan médico de los 350 mil empleados públicos y sus familias se reducirá a $125 mensuales.

Uniones aportacion plan medico

Foto: Freddyson Martínez (Coordinadora Sindical), Emilio Nieves (Central Puertorriqueña de Trabajadores), Juan Cortés Valle (Federación de Trabajadores de Puerto Rico y Federación Central de Trabajadores), Jannell Marina Santana (Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR).

SAN JUAN, Puerto Rico - Las decisiones del gobierno y de la Junta de Control Fiscal de reducir al mínimo la cubierta del plan médico a los empleados públicos afectará a más 350 mil vidas y tendrá un impacto negativo a la economía de más de $428 millones, denunciaron las uniones del sector público.

Dirigentes sindicales expresaron que han intentado comunicarse infructuosamente con el gobernador Ricardo Rosselló para advertirle de la seriedad y las implicaciones adversas de esta acción. Las uniones del sector público responderán al silencio del primer ejecutivo con acciones de militancia sindical y un evento masivo organizado para el 5 de diciembre.

 Funeraria Rodriguez

“No conformes con todas las reducciones y eliminaciones de derechos que nos han quitado a los trabajadores, ahora nos quieren quitar lo que para nosotros y nuestras familias es sagrado: la salud. La salud que es un derecho constitucional que nos asiste a todos los ciudadanos. Pero, el gobernador y la Junta nos lo quieren arrebatar de un plumazo a partir del 1ro. de enero para seguir teniendo sus gastos extravagantes y pagarles a los bonistas de la deuda”, manifestó el portavoz Juan Cortés Valle.

Dijo que la Junta de Control Fiscal y el gobierno decidieron con el plan fiscal que la aportación patronal al plan médico de los 350 mil empleados públicos y sus familias se reducirá a $125 mensuales. Ello implica que las y los trabajadores tendrán una reducción salarial de $4,200 anuales, que a su vez, se reflejará en unos $428 millones que dejarán de circular en la economía. “Esta acción es una baja automática al salario de todos los empleados públicos porque se tendrá que sacar del mermado salario de los trabajadores —que no se compara con el de Jaresko ni el de los jefes de agencia y sus ayudantes— la aportación al plan. Esto implica $4,200 que a partir de enero no tendrán para hacer la compra de alimentos ni adquirir bienes y servicios para sus familias”, expresó el portavoz.

Las organizaciones del sector público se movilizarán para una marcha el miércoles, 5 de diciembre a partir de las 10:00 am en el Departamento del Trabajo hasta llegar a las oficinas de la Junta de Control Fiscal, en Hato Rey.

Tampoco quieren la Reforma de Salud

Afirmó que las uniones también rechazan totalmente la imposición de la orden ejecutiva OA-2018-12 (9 de octubre de 2018) para obligar a los empleados a entrar a la reforma de salud, un sistema fracasado que no ha rendido en mejorar la salud del pueblo. “Las uniones hemos sido más exitosas que los administradores de la Reforma de Salud en lograr que se contraten mejores condiciones de salud para los empleados en la negociación con los planes médicos. Es una canallada que ahora pretendan incluirnos en un sistema mediocre que desampara a los pacientes y que se está quedando sin proveedores porque los médicos y demás especialistas no toleran los abusos de las aseguradoras cobijadas por el ala del gobierno”, sostuvo.

Las uniones recordaron que tan reciente como el 10 de octubre la propia directora de la Administración de Servicios de Salud (ASES) advirtió en vistas públicas que están sin presupuesto de cara a una avalancha de asegurados del sector público. “Si no hay presupuesto para acogerlos, esto implica que van a dejar a los empleados públicos (especialmente de las corporaciones) sin el plan médico negociado por sus uniones y sin otra posibilidad. Están negando el derecho a la salud”, recalcó.

Evento masivo en defensa de la salud

Según Cortés Valle, todas las organizaciones del sector público se movilizarán para una marcha que se efectuará el miércoles, 5 de diciembre a partir de las 10:00 am en el Departamento del Trabajo hasta llegar a las oficinas de la Junta de Control Fiscal, en Hato Rey. “El gobernador no se ha dignado a responder nuestra carta del 25 de octubre, pues vamos a sensibilizar al gobierno con esta marcha a la que estamos convocando no solo a nuestras matrículas y sus familias, sino a todos los sectores sociales”, indicó el portavoz.

Las organizaciones sindicales del sector público unidas en este reclamo son: la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFL-CIO), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, la Coordinadora Sindical, la Unión General de Trabajadores y sus uniones afiliadas.