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Solicita a la Organización de Estados Americanos a que tome acción contundente.

TRS ponencia OEA

DENVER, Colorado - El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, urgió hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que exijan a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que cesen su “indiferencia y la manipulación de conceptos jurídicos” para imponer de manera unilateral el colonialismo que menoscaba los derechos humanos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico.

“Creo en la grandeza democrática de las instituciones y los valores fundamentales de nuestra Nación, los Estados Unidos de América. También valoro las evoluciones igualitarias que ha tenido desde su fundación al costo de muchas vidas y sacrificios. Lo anterior, sin embargo, no significa que patrocine las inequidades de aquellos funcionarios federales que ocupen las posiciones de poder político en esas instituciones nacionales. Mis expresiones están dirigidas a las cuestionables actitudes de algunos de esos funcionarios y no a los valores nacionales; tampoco a nuestros conciudadanos. Ser buen americano es levantarse y protestar contra los remanentes de la segregación, la desigualdad y el discrimen que aún lesionan la Constitución y la bandera de nuestra Nación; que lesionan los verdaderos valores igualitarios de nuestros conciudadanos en los 50 estados de la Unión; y también al sistema de Derechos Humanos promovido por la comunidad interamericana”, dijo Rivera Schatz al referirse al problema colonial de Puerto Rico en su ponencia sometida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en apoyo a las querellas que fueron presentadas en ese foro interamericano por el exgobernador Pedro Rosselló y el licenciado Gregorio Igartúa.

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El líder estadista denunció que, en los plebiscitos realizados en 2012 y 2017, los ciudadanos americanos de Puerto Rico rechazaron con mayorías absolutas la continuidad del actual sistema colonial; y también con mayorías absolutas reclamaron la igualdad de derechos y deberes con la Estadidad. “Hasta hoy, el Gobierno Federal no ha actuado afirmativamente sobre esos reclamos y es hora de que lo hagan; y desistan de continuar imponiendo unilateralmente la colonia y la desigualdad de derechos humanos y civiles en Puerto Rico en contra de la voluntad de este pueblo”, dijo Rivera Schatz.

También solicitó a la OEA que le exija al gobierno de Estados Unidos que “procedan de inmediato a la reparación del evidente menoscabo de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos americanos de Puerto Rico por la vía constitucional, política o internacional”.

Es evidente que el Gobierno federal rige todos los aspectos de las vidas y la economía de los ciudadanos de Puerto Rico, pero les niega la igualdad de derechos y deberes para privarlos de su derecho a votar en las elecciones de ese Gobierno federal que rige y controla sus vidas. –Thomas Rivera Schatz

En su ponencia, Rivera Schatz afirmó que no hay en la Constitución federal una sola frase que valide, obligue u ordene al gobierno de Estados Unidos a discriminar y segregar a los ciudadanos americanos, ni siquiera por razones territoriales o coloniales. Subrayó que, incluso, tampoco hay esa obligación en el texto de la Cláusula Territorial. “Si discriminan contra Puerto Rico y segregan a los puertorriqueños como ciudadanos con menos derechos, es porque así lo han dispuesto funcionarios y jueces federales prejuiciados con sus interpretaciones de una Constitución cuyo texto no los obliga a actuar de esa manera contra Puerto Rico”.

“Lo que estamos planteando aquí” explicó Rivera Schatz, “es que la discreción, las interpretaciones y las prácticas políticas que han ejercido unilateralmente sobre Puerto Rico los funcionarios y jueces federales a través de esa Constitución durante 120 años, han menoscabado los Derechos Humanos de los ciudadanos americanos en la Isla privándoles, incluso, del derecho a votar y estar representados en igualdad de condiciones dentro del gobierno federal que rige todos los aspectos de sus vidas, sus derechos y su economía.”

En su ponencia, el también miembro del Partido Republicano, explicó que Estados Unidos se auto proclama como portaestandarte de la democracia mundial, pero utiliza interpretaciones rebuscadas de sus funcionarios y jueces federales para continuar transgrediendo los derechos humanos y civiles de 3.3 millones de sus propios ciudadanos en Puerto Rico con un sistema colonial, mientras exige democracia en Cuba para que todos los cubanos puedan votar para elegir a los funcionarios del gobierno de ese país que toman decisiones sobre sus vidas, derecho y economía.

“En contradicción a los reclamos que el gobierno de Estados Unidos hace para Cuba, desde 1898 toda ley del Congreso; toda determinación del Presidente; toda reglamentación de sus agencias ejecutivas; y toda interpretación de los tribunales federales se imponen unilateralmente por encima de las leyes y los funcionarios de la Isla. Es evidente que el Gobierno federal rige todos los aspectos de las vidas y la economía de los ciudadanos de Puerto Rico, pero les niega la igualdad de derechos y deberes para privarlos de su derecho a votar en las elecciones de ese Gobierno federal que rige y controla sus vidas. Ese sistema de violación de derechos fundamentales, humanos y civiles tiene que acabar bajo la bandera de los Estados Unidos”, exigió Rivera Schatz.

Con relación a la estadidad, Rivera Schatz explicó a la OEA que “si a Puerto Rico se le permitiera la igualdad de derechos y oportunidades, entonces podría convertirse en un estado de la Unión próspero y aportador al bienestar nacional. Los ciudadanos americanos de Puerto Rico han cumplido con todos los deberes que el gobierno federal les ha permitido.”

La discriminación económica por razones territoriales también ignora la contribución de Sangre, Valor y Sacrificio de los ciudadanos de Puerto Rico.

No obstante, Rivera Schatz hizo una relación de varios discrímenes que, a su juicio, el Gobierno federal impone sobre la Isla debido a que el actual sistema colonial les otorga esos poderes. La ley federal requiere que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico paguen los impuestos de Seguro Social y Medicare a través de sus salarios y en la misma proporción que lo hacen sus conciudadanos de los 50 estados de la Unión; pero los de Puerto Rico reciben menos beneficios y servicios.

Los ciudadanos en Puerto Rico también pagan impuestos locales que son utilizados por el gobierno colonial para “parear” los mismos con fondos federales, requisito que el Gobierno federal también les impone a los gobiernos de los 50 estados como condición para recibir transferencias del Tesoro federal en programas de obras y servicios. También pagan los seguros federales contra inundaciones que se utilizan por el Gobierno federal en casos de desastres.

Los empleados federales que viven en la Isla pagan impuestos federales por sus salarios. La recién aprobada Reforma Contributiva Federal (2018) también impuso el pago de impuestos federales sobre los ingresos de las compañías estadounidenses que operan en o a través de Puerto Rico.

La discriminación económica por razones territoriales también ignora la contribución de Sangre, Valor y Sacrificio de los ciudadanos de Puerto Rico. Desde la Primera Guerra Mundial, Puerto Rico ha sido, proporcionalmente, una de las jurisdicciones de los Estados Unidos con la mayor aportación militar de vidas, heridos y desaparecidos en la defensa de nuestra nación. A los veteranos de Puerto Rico, sin embargo, se les niegan en la Isla los mismos beneficios y derechos que sus compañeros de armas que residen en los estados de la Unión. A diferencia de los ciudadanos en esos estados, los hijos y jóvenes de Puerto Rico van a las guerras declaradas por un Presidente y un Congreso por los que no se les permite votar.

Indicó que, si los deberes de contribuciones federales sobre ingresos no aplican totalmente a los ciudadanos residentes en Puerto Rico que son elegibles para pagar impuestos federales debido a su alto nivel de ingresos, ha sido por determinación y conveniencia unilateral del Gobierno federal, pues es el único con autoridad para tomar esa decisión. De hecho, la Cláusula Territorial tampoco se los prohíbe.

“Es importante anotar que el reconocimiento federal a la igualdad de derechos, deberes y beneficios para Puerto Rico supone que el gobierno de Estados Unidos tendría la obligación constitucional de aumentar sus asignaciones económicas federales en por lo menos $15 mil millones anuales adicionales; lo que le correspondería a Puerto Rico en igualdad de derechos y deberes con los ciudadanos residentes en un estado de la Unión con igual población y nivel de pobreza. Por ejemplo, solo durante la década 2001-10, esta desigualdad provocó a Puerto Rico la pérdida de 130 mil millones de dólares adicionales en fondos federales que habrían evitado la crisis presupuestaria y financiera que padece la Isla”, sostuvo el presidente senatorial.

Explicó que, en ese escenario de igualdad, la situación de Puerto Rico no sería distinta a 34 de los 50 estados de la Unión que, actualmente, reciben más fondos del Tesoro federal que los aportados en contribuciones federales por sus respectivos ciudadanos y empresas.

Ponencia del Presidente del Senado