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Proveen asistencia legal a empleados que denuncien actos de corrupción y establecen mayores controles en compras municipales.

Senador Miguel Romero

Senador por San Juan, MIguel Romero (Foto Archivo)

SAN JUAN, Puerto Rico – El proyecto que propone enmendar el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico para garantizar a los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción a que se les ofrezca asistencia legal gratuita para incoar o participar en procedimientos civiles, penales o administrativos al amparo de las protecciones que otorga dicho Código, fue aprobado hoy unánimemente por el Senado de Puerto Rico.

El autor del P. del S. 1081, el senador por San Juan, Miguel Romero, sostuvo que “este derecho tiene que ser solicitado por el empleado público que tome el paso al frente al denunciar actos que atentan contra el buen funcionamiento del Gobierno y quebrantan la confianza del pueblo. De esta manera, aquellos que denuncien tales actos contarían con la representación legal para atravesar atender el procedimiento en protección de su empleo y demás derechos de los cuales son acreedores”.

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Por otra parte, el Senado también le dio su visto bueno al P. del S. 1086 que igualmente enmendaría la Ley de Municipios Autónomos con el objetivo de establecer controles adicionales cuando un municipio realice compras que no requieran subasta pública.

El también presidente de la Comisión de Gobierno indicó que “actualmente, una de las excepciones a la celebración de subasta pública para la realización de compras a nivel municipal requiere que previo a una compra se obtengan tres cotizaciones de suplidores. Sin embargo, la Ley guarda silencio en cuanto a con cuánto tiempo con anticipación de la compra se deben conseguir estas cotizaciones”.

El funcionario municipal que autorice una compra deberá ofrecer una declaración jurada que deje constancia sobre la situación de emergencia que lleva a la autorización de la referida compra.

Para atender este asunto, la medida propone enmendar la Ley para que estas cotizaciones se tengan que obtener con al menos 10 días de anticipación a la fecha en la que se requiera realizar la compra. De este modo, según Romero, “se garantiza que los suplidores tengan tiempo suficiente para brindar la mejor cotización posible, maximizándose así el uso de los fondos públicos municipales y se evita que funcionarios y suplidores corruptos creen esquemas de favoritismos que le cuestan recursos a los contribuyentes”.

Además, según se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, las compras en situaciones de emergencia están actualmente excluidas de la celebración de subasta. Para garantizar que realmente se trate de una emergencia, se propone que el funcionario que autorice la compra deberá ofrecer una declaración jurada que deje constancia sobre la situación de emergencia que lleva a la autorización de la referida compra.

“La aprobación de ambos proyectos son un paso adelante para combatir de frente y sin amagos los actos de corrupción que constantemente vemos en el gobierno, incluyendo los municipios. De hecho, en días recientes se han reseñado en la prensa que el mecanismo de compras en situaciones de emergencia ha sido utilizado para crear esquemas ilegales y para promover el favoritismo hacia contratistas que se prestan para tales actos. Debemos tomar todas las medidas necesarias para prevenir el mal manejo de los fondos públicos”, manifestó Romero en abierta referencia al Municipio de San Juan.

Aprovechó la coyuntura para poner en relieve la situación que actualmente enfrenta el Municipio de San Juan, que ante las denuncias de corrupción de una empleada, un Gran Jurado Federal estará atendiendo el caso. “En este incidente particularmente, la empleada ha dejado saber que ha sido víctima de represalias por descubrir los supuestos actos indebidos por parte de funcionarios del municipio. Precisamente, eso es lo que buscamos atacar con los proyectos que fueron aprobados hoy por el Senado y que también esperamos que sean aprobados en la Cámara y que luego reciban la firma del Gobernador”.