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Una familia insiste en que empleados municipales traquetearon con sus difuntos en el cementerio de Vega Alta y piden que le entreguen los restos.

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VEGA ALTA, Puerto Rico - El presidente de la Legislatura Municipal de Vega Alta, Carlos Malavé Irizarry, informó que el Departamento de Salud (DS) le dio la razón en cuanto al desastre que hay en el cementerio municipal Padre Ernesto Rivera. Esto, a raíz de la vista ocular y pública que llevó la Comisión de Salud y Bienestar Social en torno a la denuncia pública hecha por una familia sobre la alegada exhumación de siete cadáveres sin los permisos necesarios de las agencias del gobierno.

De acuerdo con la Hoja de Inspección para Cementerios, del DS, con fecha del 3 de agosto de 2018 y suscrita por el inspector Manuel Rivera Nieves, para ese entonces el camposanto contaba con 25 deficiencias, entre ellas “se observan bóvedas, criptas y mausoleos construidos sobre el nivel del terreno y sin la autorización del DS y las criptas, panteones y nichos no se encuentran herméticamente sellados”. Del mismo modo, apareció con un No Cumple el encasillado de “se exhuman cadáveres sin la autorización del DS”.

Nisandra Torres

“Lo que nosotros sabemos, hasta este momento, es que en nuestro panteón familiar habían siete difuntos y que el último en ser sepultado estaba en su ataúd original. Éstos fueron sacados sin ningún tipo de permiso oficial del Gobierno de Puerto Rico”, manifestó Luis Figueroa Quintero, uno de los querellantes.

“Peor aún, en una visita que hicimos al cementerio, encontramos osamenta a pocos pasos del panteón de nuestra familia. Cuando el alcalde Oscar ‘Can’ Santiago lo escuchó, nos manifestó que se trataba de huesos de animales, cuando quien único puede determinarlo es un experto en la materia”, puntualizó Figueroa Quintero.

En otra carta, con fecha del 31 de agosto de 2018 y firmada por Armando López Méndez, auditor interno del Municipio de Vega Alta, éste reconoció que “los hechos (de vaciar el panteón) pudieron haber ocurrido entre los meses de febrero y marzo de 2018, cuando Luis Figueroa Crespo visitó el cementerio y le dijo al supervisor del mismo, Martín Meléndez Bruno, que quería limpiar y vaciar el panteón familiar, porque deseaba venderlo. Martín Meléndez reconoce que se equivocó y accedió a sacar tres cajas (osarios) con restos humanos y los enterró en un área del cementerio por un acto de buena fe y sin corroborar quiénes eran los dueños del panteón”.

El auditor interno del Municipio recomendó que se refiriera al exempleado Martín Meléndez a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para la evaluación correspondiente.

“En la entrevista que se le realizó a Pedro Figueroa Figueroa, indicó que en adición a que sacaron los cuerpos sin los permisos requeridos por ley y sin la autorización de los demás familiares, entendía que se había pagado dinero al empleado municipal. Sin embargo, no mostró evidencia”, señaló en la misiva.

López Méndez concluyó que “el supervisor de los cementerios del municipio, Martín Meléndez Bruno, pudo haber violado el reglamento o procesos que regulan los cementerios en Puerto Rico. Los trabajadores Juan A. López Pabón y Manuel Adorno Cardona, a pesar de que indicaron que seguían instrucciones de su supervisor, quien era la persona que se encargaba de los cumplimientos, de igual manera, pudieron haber estado en violación. Debido a la posibilidad de que, en este caso, se haya violado el reglamento o procedimiento que regula los cementerios en Puerto Rico, se recomienda que se refiera al exempleado Martín Meléndez a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para la evaluación correspondiente”.

“El DS dejó claro, y lo dejó certificado para el récord y el informe de la Comisión, que no había ni una certificación ni una autorización oficial para ningún proceso de exhumación en los últimos 18 meses. Sin embargo, la denuncia de la familia Figueroa dice que se exhumaron los cuerpos de sus familiares”, terminó manifestando Malavé Irizarry.