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Los senadores Vargas Vidot y Miguel Pereira se pronunciaron en contra del contrato con CCA.

Erik Rolon Correccion

EL CAPITOLIO - El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón, defendió ayer el traslado de hasta 1,200 confinados de custodia mínima a cárceles de Mississippi mediante contrato con la empresa Core Civic America (CCA) cuya primera fase comenzaría el 30 de septiembre si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) da paso al contrato.

“Nuestra responsabilidad en términos de esta decisión es cerciorarnos que los confinados (voluntarios) no sufran laceraciones a sus derechos y a las garantías y seres humanos que son. No estamos en una situación de hacinamiento y eso nos pone en una posición de poder exigir el fiel cumplimiento de un contrato”, dijo Rolón en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador Henry Neumann Zayas.

CCA enfrenta varias denuncias por alegados malos manejos y maltratos a confinados y menores en custodia del gobierno de Estados Unidos. Según informó el secretario, la otra compañía que estaba interesada se retiró del proceso de subastas. “Para mí la violación de derechos es algo impermisible porque yo no tengo la necesidad de hacerlo (el contrato). Estoy haciendo esto para crear una herramienta de rehabilitación poderosa y costo efectiva”, añadió Rolón, cuyo equipo de trabajo ha visitado la institución carcelaria de Mississippi en la que pueden residir hasta 2,900 reos.

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El gasto actual del DCR por cada confinado es de $200.00 diarios mientras que fuera de la Isla es de aproximadamente $100. La cárcel menos costosa en Estados Unidos invierte $60 por confinado. El ahorro estimado como el traslado voluntario de los reos es de $17.2 millones para el año fiscal 2019 hasta $46.9 millones en el 2022. Ante esto, el senador popular Miguel Pereira comentó que “vamos a soltar a los confinados de custodia mínima. Eso si es cero costo. En vez de enviarlos a Mississippi, vamos a soltarlos porque Mississippi ‘it’s not a nice place’”.

“¿Dónde está la economía si vamos a mantener la misma nómina que justifica este traslado?”, preguntó Neumann Zayas. A esto el secretario respondió que gran parte de los ahorros serán en el costo de operaciones al cerrar una institución carcelaria lo que provocaría que el personal sea transferido a otra cárcel lo que le ayudaría a manejar el pago de horas extras que anualmente ronda $24 millones. También se trabajarán más programas que generen mayores ingresos como lo es el de mantenimiento y ornato en varios municipios. “Se da un efecto dominó muy interesante donde no sólo hablamos de rehabilitación sino de costo eficiencia”, argumentó.

Al ser cuestionado por el senador José Vargas Vidot sobre cuánto costaría cancelar el contrato, el secretario de Corrección dijo que “nada” a excepción de pagar hasta el día en que se ofrecieron los servicios y que el gobierno local asuma el gasto para el viaje de regreso.

“En Texas, Idaho y otros lugares hubo problemas. La misma compañía arrastra a Trinity para preparar la comida que es la misma que hemos estado aborreciendo aquí y que los mismos confinados se quejan una y otra vez”, reseñó el senador Vargas Vidot quien expresó su preocupación porque CCA ha tenido varios señalamientos por incumplir los cuidados de estándares médicos. Ante esto, Pereira, quien dirigió Corrección, rechazó la contratación de CCA porque “es imposible imaginarse una reputación más mala que la que tiene esa compañía. Debemos considerar otras tantas opciones”.

Luego de escuchar al secretario Rolón, el senador Vargas Vidot opinó que la determinación es “desacertada”. “He tratado de escuchar y convencerme, pero no puedo pensar que, en ningún momento, fuera de los nazis, el éxodo ha sido la forma de solucionar”, añadió. “Estamos fabricando sentencias más largas y estamos provocando dos sentencias. La primera es el aislamiento típico que se da entre rejas y paredes y el aislamiento social y geográficos que implica un éxodo masivo desvinculado a la persona de la familia. Estamos llevando a las personas a una crisis de incertidumbre”, reiteró Vargas Vidot.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria se oponen al traslado de los confinados a Estados Unidos. La selección de los 1,200 confinados voluntarios de custodia mínima a ser trasladados forma parte del universo de 9,300 reos en las 29 instituciones carcelarias en el país.

Las audiencias públicas son producto de las Resoluciones 333, 309, y 720 que atienden estos temas.