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El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto objetó la medida porque los fondos no están contemplados en el presupuesto y tendría también un impacto fiscal en los municipios.

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EL CAPITOLIO - Ante el comienzo de la época de huracanes en poco más de un mes, el Departamento de Seguridad Pública (DSPR) y el Negociado de Manejo de Emergencias favorecieron que los municipios de la montaña, Vieques y Culebra tengan varios almacenes con suministros, provisiones y equipos de emergencia para actuar rápidamente después de un evento atmosférico.

Así lo dejó saber ayer el secretario del DSPR, Héctor Pesquera, mediante una ponencia sometida a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside el senador Henry Neumann Zayas, a cargo de evaluar el Proyecto del Senado 668 presentado por el senador José Vargas Vidot a los fines de crear la “Ley de Depósitos Permanentes de Suministros de Emergencia de Puerto Rico’.

Este anuncio se realiza justo cuando se cumplen siete meses del paso del huracán María por la Isla.

Pesquera recomendó que se designe un centro de distribución en cada una de las 12 zonas del Negociado a través de toda la Isla: San Juan, Vega Baja, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Utuado, Guayama, Comerío, Humacao, Caguas y Ceiba. En los casos de Vieques y Culebra, sugirió que se identifique un almacén por municipio y que los mismos tengan el equipo básico de ayuda.

El funcionario argumentó que todos los almacenes destinados a depósitos de emergencia deben ser administrados por Manejo de Emergencias para “garantizar que los suministros en inventario sean de la misma calidad” a la vez que facilitará la entrega directa de los suministros por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). A su vez, señaló que la distribución de comestibles en los almacenes debe de estar dentro del ‘Plan de Distribución del Estado’ y contar con el apoyo de la Guardia Nacional.

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Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, opinó que la medida es loable, pero sugirió que en los almacenes debe haber helipuertos para permitir la llegada y salida de alimentos por la vía aérea, así como el transporte de pacientes a instituciones médico hospitalarias. También, destacó que los planes y procedimientos que desarrolle Manejo de Emergencias deben utilizar como base la clasificación de suministros que utilizan los cuerpos militares.

La alcaldesa interina de Vieques, Daisy Cruz Christian, recomendó que en la medida se determine que al comienzo de cada año fiscal los municipios presenten su plan de manejo de desastres, junto con la necesidad de equipos y materiales. De igual forma, que el Estado transfiera los fondos anuales aprobados a cada pueblo en o antes del 1 de agosto de cada año fiscal y que una vez los municipios hayan realizado las compras correspondientes presenten evidencia de las mismas, así como la disponibilidad de materiales en las áreas de almacenaje.

Por último, la ejecutiva municipal señaló que el proyecto de ley debe viabilizar acuerdos de colaboración entre los municipios y sus comunidades. “Durante los recientes huracanes (Irma y María) fueron este tipo de organizaciones comunitarias las que en muchos casos representaron la primera ayuda para ciudadanos que residen en áreas de difícil acceso”, dijo.

Por último, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero Rosado, objetó el 13 de marzo pasado la medida alegando que los $20 millones que se asignarían a Manejo de Emergencias en el año que se apruebe la ley y luego $5 millones anuales para el manejo y abastecimiento de los suministros no están contemplados en el presupuesto vigente que culmina el 30 de junio próximo.

Asimismo, Marrero Rosado alegó que la medida tendría un impacto en los municipios ya que estos son los que deberían adquirir los terrenos y asumir la construcción de los mismos. Además, tendrían que incurrir en gastos de compra, almacenamiento y seguridad. “Conforme a los antes expuesto, recomendamos ser sumamente cuidadosos al momento de evaluar medidas que pudieran afectar negativamente el Fondo General e incidir sobre el Plan Fiscal Certificado (en ese entonces)”, argumentó el director de OGP, José Marrero Rosado en un memorial explicativo.

Sin embargo, la medida, radicada el 25 de octubre del año pasado, expone claramente que los municipios no tienen que adquirir necesariamente terrenos, sino que pueden identificar unos bajo su titularidad, pero lo importante es que estén fueras de zonas inundables y/o que sean propensas a derrumbes y a marejadas ciclónicas. Los terrenos deben ser accesibles para las autoridades municipales y para las comunidades.

Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y Manejo de Emergencias deberá desarrollar e implementar un reglamento para el manejo de las instalaciones incluyendo guías para su uso, revisión, mantenimiento y reemplazo adecuado de los equipos y suministros, según sea el caso.