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Torres Meléndez denunció que obligar a pertener a algún club de tiro como lo dispone la ley actual fue un concierto para beneficio de intereses particulares.

CODEPOLA defensa armas

De izquierda a derecha, el Lcdo. Roberto Otero, Adán Rosas, vicepresidente de CODEPOLA; Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA; Alondra Quiñonez Castro y la Lcda. Ingrid González.

PONCE, Puerto Rico - Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), respaldó ayer el Proyecto del Senado #439 por entender que “llegó el momento de ver la posesión y portación de armas como un derecho individual para la seguridad colectiva”.

Durante la última vista pública de la Comisión de Seguridad del Senado de Puerto Rico, Torres Meléndez arremetió contra la Policía de Puerto Rico debido a los registros de armas en las 13 regiones policiales. “No hay uniformidad, tampoco tienen personal, equipos, ni materiales, afectando al ciudadano que está pagando por un servicio. Tampoco hay un reglamento en el Negociado de Armas para el procedimiento administrativo en la confección de licencias”, puntualizó.

A su vez, desmintió a los representantes del Secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quienes alegaron en la primera vista pública que el trámite de licencia era uno rápido y ágil, ya que desde octubre del 2017 (193 días) hay ciudadanos esperando su licencia de armas, cuando la ley establece que la policía tiene 120 días para cumplir con este trámite.

El deponente cuestionó que la Policía no haya esclarecido aún el escalamiento perpetrado en el Polígono de Tiro en Isla de Cabras.

En esa misma vista pública, el deponente en representación del Departamento de Justicia confirmó que, en los años que trabajó en el Instituto de Ciencias Forenses, más del 90% de las armas ocupadas en incidentes fatales no estaban registradas legalmente en Puerto Rico.

“Es tiempo que la Policía se enfoque en bajar la incidencia criminal y vea al ciudadano armado como una mano amiga, un recurso y no como un problema en la sociedad. Como dato curioso, no vemos en las noticias casos donde un ciudadano decente se hiere con su arma de fuego, ni accidentes en polígonos de tiro, sin embargo, leemos regularmente en la prensa sobre miembros de la Policía hiriéndose por el mal uso de su arma de reglamento”, argumentó Torres Meléndez.

Nisandra Torres

En relación a la Federación de Tiro de Puerto Rico, enfatizó que “el derecho fundamental de carácter individual de todos los puertorriqueños no debe condicionarse, obligarse o hacer compulsorio el pertenecer a la Federación de Tiro o algún Club de Tiro, como lo dispone la ley actual. Esto fue un conclave para beneficio de intereses particulares y enterrar el derecho fundamental del pueblo”, censuró Torres Meléndez, refiriéndose a la Ley de Armas 404, vigente hace 18 años en Puerto Rico.

Dijo que el gobierno “no debe pasarle factura a los ciudadanos decentes que quieren ejercer su derecho fundamental por la negligencia del Estado, al permitir que las instalaciones donde guardan armamentos sean atracadas”. El exagente de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División del United States Customs Service‎ (USCS) dedicada al lavado de dinero y narcotráfico, lamentó que la policía no haya podido esclarecer aún el escalamiento perpetrado en el Polígono de Tiro de la Policía de Puerto Rico en Isla de Cabras.

En cuanto a realizar un estudio psicológico o psiquiátrico a los ciudadanos, Torres Meléndez cuestionó: “Si por cada derecho que uno tiene como individuo lo vamos a condicionar, entonces ¿deberíamos ir todos al psicólogo cuando queramos ejercer el derecho al voto? Recordemos el caso de Pablo Casellas, cometió un delito en el ejercicio de su derecho, salió culpable y está preso. En otras palabras, si en el ejercicio de tu derecho cometes un delito, la justicia y los tribunales harán su trabajo”.

Torres Meléndez instó al pueblo a unirse y respaldar el P. del S. 439 porque el fin es lograr que se reconozca el derecho fundamental de todos los puertorriqueños, y que el proceso para poseer y portar armas sea uno menos burocrático y menos oneroso para el ciudadano.