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La medida surge luego de que varios representantes solicitaran reducción en los salarios de los jefes de agencia, pero sin aplicar a los legisladores.

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EL CAPITOLIO – El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy que radicó el Proyecto del Senado 883 para crear la Ley de Salario Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de establecer un sueldo máximo de $60 mil aplicable a todas las ramas de Gobierno, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios.

La radicación de esta pieza legislativa surge, según Rivera Schatz, luego de que varios representantes solicitaran que se redujera el salario de los jefes de agencia, pero sin aplicar a los legisladores.

“Con esto en mente, esta Asamblea Legislativa asume su responsabilidad presentando este proyecto que representa ahorros verdaderos para el gobierno. Esto, sin intenciones políticas como lo han hecho las minorías en esta Asamblea Legislativa, asumiendo posturas hipócritas y acomodaticias queriendo reducirle el sueldo a unos pocos de la Rama Ejecutiva, sin ellos verse afectados”, dice Rivera Schatz en la medida, quien al anunciarla en el hemiciclo dijo que de esta forma se complementa la Resolución Conjunta del Senado 215 como “un acto de valentía”.

Entre otras medidas aprobadas, se destaca el Proyecto del Senado 26, presentado por Rivera Schatz, que añade y reenumera incisos de la Ley 20 de 2017 para ordenar al Comisionado de la Policía a establecer un sistema de base de datos electrónicos sobre artículos reportados como hurtados mediante querellas oficiales suscritas en Puerto Rico, el cual deberá estar conectado y complementado por los datos suministrados por todo concesionario al que se le haya expedido una licencia para operar una casa de empeño. Esto con el propósito de prevenir la venta y subsecuente tráfico de mercancía hurtada en dichos establecimientos.

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Por otra parte, la Cámara Alta aprobó el Proyecto del Senado 50, que enmienda la ‘Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) a los fines de disponer que las alegaciones pre-acordadas relacionadas a esta ley sólo podrán ser aceptadas y realizadas por delitos contenidos dentro de la misma.

Asimismo, establece la facultad de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para fiscalizar y velar por el cumplimiento de las funciones asignadas al centro de monitoreo para la vigilancia de personas imputadas de violar la Ley 54 y que se encuentren bajo supervisión electrónica. La medida es de la autoría del presidente del Senado, Rivera Schatz.

El Senado además concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a las Resoluciones Concurrentes del Senado 41 y 42 relacionadas con los Planes de Reorganización del Consejo de Educación y de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones del Servicio Público, respectivamente.