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Actualmente hay 16 oficiales asignados al monitoreo, 4 por cada turno y al día de hoy monitorean a 135 caballeros y 10 damas solamente por casos de violencia doméstica.

grillete electronico

EL CAPITOLIO - El 8 de junio de 2016, una mujer murió a manos de su expareja, que estaba bajo la supervisión de un grillete, y quien logró burlar la vigilancia electrónica y apuñaló fatalmente a la mujer, para luego suicidarse. La compañía Track Group, con base en Chicago y a cargo de la operación de estos grilletes, le notificó a la víctima que su agresor se encontraba cerca una hora más tarde de que esta había sido asesinada.

Esto llevó al senador Carmelo Ríos Santiago a presentar la Resolución del Senado 83, que le ordena a la Comisión de Seguridad Pública investigar la situación actual del sistema de monitoreo electrónico mediante el Global Positioning System (GPS) y que conlleva el uso de grilletes electrónicos a personas identificadas como peligrosas.

En vista pública, la Comisión presidida por el senador Henry Newmann, advino en conocimiento de que la compañía Track Group continúa brindando el servicio al estado, según lo admitió Margarita Smith, encargada del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), agencia responsable de velar por el programa de monitoreo.

“Hay muchas mujeres allá fuera que necesitan saber cómo están funcionando estos grilletes porque están en peligro y necesitan la protección, para que las cosas que hemos visto allá fuera no sigan ocurriendo; como lo acontecido en el municipio de San Sebastián donde la joven de nombre Crucita González fue asesinada a puñaladas por su compañero luego de que este burlara el sistema de grillete electrónico. La mató y luego se suicidó; y no fue hasta más tarde que la compañía encargada advirtió de la violación del grillete. Unos minutos que falla el sistema en enviar la comunicación correcta puede costar una vida, esto fue lo que motivo al compañero Carmelo Ríos a que realizáramos una investigación sobre este sistema”, indicó el presidente de la Comisión.

La Lcda. Julie Gómez Gómez, en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, estableció que el responsable del monitoreo electrónico (GPS) es el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y el Tribunal es quien determina la zona de exclusión de la persona que porta el grillete a base de la información que proporciona la víctima. Actualmente hay 16 oficiales asignados al monitoreo, 4 por cada turno y al día de hoy monitorean a 135 caballeros y 10 damas solamente por casos de violencia doméstica. Además tienen agentes que visitan las residencias de los recipientes de estos grilletes como un acto preventivo, explicó.

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La licenciada Gómez añadió que la violación de la zona de exclusión (entiéndase lugares donde no puede estar el victimario), o que se está acercando a dichos lugares, se refleja a través de una alarma roja que aparece en el sistema y que se tiene que atender de forma inmediata. Una vez esto ocurra, se le comunica al imputado advirtiéndole de la violación y simultáneamente se llama al 911 activando el protocolo multiagencial; y la tercera llamada simultánea es a la víctima, previniéndola. Se activa la Policía y eventualmente, una vez sea arrestada la persona, se llama al Departamento de Justicia para la radicación de cargos por la violación al estatuto.

“¿Por qué le hemos dado tantas oportunidades a esta compañía si ya tenemos una muerte teniendo tantas compañías que pueden brindar el servicio?”, cuestionó el senador Neumann Zayas al personal del Programa de Servicio con Antelación al Juicio. A lo que Margarita Smith respondió que el Secretario de Corrección y Rehabilitación firmó una orden administrativa para identificar una nueva compañía a través de un proceso expedito en lo que se realiza una subasta.

El costo del grillete a una persona es de $9.48 diarios. Actualmente, existe la ley 282 que permite que se le realice el cobro a los imputados que puedan pagarlo, mientras que a los indigentes el Estado los costea a través de un fondo especial de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que según la Procuradora Interina, Carmen Lebrón, provienen de fondos especiales de la Legislatura.

La Procuradora Interina de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Carmen Lebrón, explicó que cuando se suscitan los hechos del 2016 se dan dentro de un marco susceptible a que esto sucediera porque las personas de ese entonces no estaban adiestradas y no había personas fiscalizando si se estaba o no haciendo el trabajo y tampoco se informaba a la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

“Estamos hablando todavía que no hemos completado una subasta. No hay nada significativo, pero todavía seguimos con esa compañía; y se perdió una vida por fallas con esta compañía. Respondió una hora y dos minutos más tarde, que desgraciadamente, era demasiado tarde para esa víctima. Y todavía me están hablando de una señal de alarma que piensan implementar”, condenó Neumann Zayas ante su asombro porque aún Track Group continúa teniendo un contrato con el Estado por el monitoreo de los grilletes. “No puedo entender como esa compañía todavía es una opción y seguimos renovándole un contrato de mes a mes”, sentenció.