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El Departamento de Justicia favoreció el proyecto y estableció que para el año 2016 en la Isla se reportaron más de 9 mil incidentes de violencia doméstica.

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CAPITOLIO - El Senado aprobó ayer la creación de un Registro de Agresores de Violencia Doméstica. Este registro estará adscrito al Departamento de Justicia (DJ). Serán registradas todas las personas convictas por delitos a la Ley 54, incluyendo los que hayan declinado de programas de desvío.

Carmelo Ríos, como autor de la medida aprobada, expresó que la violencia doméstica es uno de los problemas sociales que ha existido desde siempre y que con la pieza se busca evitar las situaciones trágicas y empoderar a los ciudadanos. "Si usted es convicto de violencia doméstica las personas van a tener la oportunidad de entrar, ver ese registro y así determinar si desean comenzar una relación consensual”, dijo.

El proyecto decreta que el Sistema de Información de Justicia Criminal será quien publicará a través de Internet. Sin embargo, información más detallada sobre la persona tendría que ser solicitada por escrito y sería la Policía de Puerto Rico quien suministraría la misma. Asimismo, toda la información recopilada deberá ser registrada dentro de los 5 días laborables a partir de la Orden del Tribunal.

En el proceso de vistas públicas, el DJ favoreció el proyecto y estableció que para el año 2016 en la Isla se reportaron más de 9 mil incidentes de violencia doméstica. Asimismo, la Exposición de Motivos de la medida expresa que la creación de este Registro no tiene un propósito punitivo, sino más bien disuasivo. De esta forma, al divulgar esta información se evitaría que mujeres y hombres sean víctimas de agresores reincidentes y así se reduzcan estos casos.

"La creación de un registro de personas convictas por violencia doméstica complementa el esfuerzo para atender la violencia doméstica desde una perspectiva preventiva. Muchas veces hay personas que comienzan una relación con otra persona, desconociendo el historial violento de ésta. Existen ocasiones en donde no es hasta que comienzan a convivir juntos que este tipo de comportamiento emerge. Esta medida servirá para que, mínimo, tengan un tipo de aviso sobre el historial de quien fuera convicto por este tipo de violencia. En algunos casos, no solo protegiendo a la potencial víctima, sino a los hijos de la misma de tenerlos”, reza la pieza.

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El Proyecto del Senado 264, de la autoría de Carmelo Ríos, crea el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, establece quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones y los de los organismos gubernamentales concernidos. También, establece penalidades; provee sobre la disponibilidad de la información y la notificación a la comunidad; faculta a los departamentos e instrumentalidades del Gobierno Estatal a adoptar la reglamentación necesaria; impone como condición al beneficio de libertad a prueba y libertad bajo palabra el haber sido registrado según lo dispone esta Ley.

Agravante disparar en una zona escolar

Asimismo, fue avalado el Proyecto del Senado 296, presentado por Henry Neumann, con 27 votos a favor y el voto en contra del Senador José Vargas Vidot, la medida enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico, a los fines de disponer que será un agravante disparar en una zona escolar o zona universitaria; definir ambas zonas; y para otros fines relacionados.

El autor de la medida indicó que el proyecto surge de un incidente lamentable este año cuando en una escuela dentro del Residencial Vista Hermosa, se generaron disparos al aire luego del paso de una caravana fúnebre. Los videos de lo ocurrido en el interior de uno de los salones trascendió a través de las redes sociales.

"Lo redacté para desalentar a aquellos que disparen al aire o apunten una pistola cerca de las zonas escolares, asimismo en las universidades”, dijo.

Este proyecto define el perímetro de 100 metros, que hasta el momento no estaba delimitado, como la delimitación al cometer este delito de disparar en las inmediaciones de las instalaciones educativas. Asimismo, hace unas enmiendas a la Ley de Armas para que la sentencia tenga agravantes, que sea el doble de pena de lo que era este momento.

Ley para las Iglesias-Escuela

De otra parte, el Alto Cuerpo concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 255, que contó con el voto en contra de la Delegación de la Minoría del Partido Popular Democrático (PPD). Esta, crea la nueva ley que se conocerá como “Ley para las Iglesias-Escuela” la cual establecerá los parámetros jurídico-legales de la existencia y operación de las iglesias-escuela en Puerto Rico con el propósito de garantizar la libertad religiosa y el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos en tales escuelas en conformidad con sus preferencias, creencias y valores, garantizando de esta forma el derecho constitucional a la libertad de asociación en su vertiente de no asociación; para derogar la Ley 82-1995; para definir la naturaleza y alcance de las iglesias-escuela y para autorizar al Consejo de Educación de Puerto Rico a emitir las certificaciones correspondientes sin licenciamiento; y para otros fines relacionados.

El Alto Cuerpo aprobó las siguientes medidas:

El Proyecto de Senado 253, de la autoría de Carmelo Ríos, enmienda la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, con el propósito de aclarar que la aprobación del cierre de caminos municipales podrá llevarse a cabo en la sesión legislativa siguiente a la recomendación a esos efectos, sea esta Ordinaria o Extraordinaria.

El Proyecto del Senado 369, por la delegación de la Mayoría, enmienda la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico a los fines de establecer como requisito que los inversionistas que posean un decreto bajo esta Ley, tengan que hacer una aportación total anual de por lo menos $5 mil a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico; eliminar requisitos burocráticos y restricciones que limitan la concesión de incentivos contributivos que buscan atraer mayor inversión extranjera a Puerto Rico para fomentar el desarrollo económico; establecer el requisito de que los inversionistas que solicitan un decreto bajo esta Ley tengan la obligación de presentar, dentro del término de un (1) año a partir de la solicitud, evidencia de haber sometido el Formulario 8898 al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, notificando su intención de convertirse en residente bona fide de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 205, ordena a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de promover el Turismo Arqueológico Puertorriqueño, y como las agencias gubernamentales pueden colaborar en el establecimiento y promoción del mismo.

La Resolución del Senado 223, presentado por Carlos Rodríguez Mateo, ordena a las Comisiones de Gobierno y de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora en torno a si las agencias gubernamentales están cumpliendo con la Ley Núm. 136-1996 de proveer un intérprete para asistir a las personas con impedimentos auditivos.

La Resolución del Senado 224, presentado por Carlos Rodríguez Mateo, ordena a la Comisión de Salud del Senado a investigar el estado fiscal actual del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables y que investigue además, si las partidas presupuestarias que le fueron asignadas por Ley están siendo enviadas a dicho Fondo y si las mismas están siendo utilizadas para los propósitos establecidos en la Ley Núm. 150-1996.

La Resolución del Senado 227, de la autoría de Abel Nazario, ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora sobre el funcionamiento y operación del Comité Evaluador del Café, adscrito al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), a fin de determinar si se están protegiendo los derechos de los caficultores y como se están presentando los diferentes sectores de la industria cafetalera en dicho Comité.

La Resolución Concurrente de la Cámara 25, expresa la preocupación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con la metodología usada para calcular el “Fair Market Rent” ( FMR), en la jurisdicción de Puerto Rico y reclamar al Congreso de los Estados Unidos fondos y asistencia adicional para el desarrollo de vivienda asequible; y a su vez solicitar al Poder Ejecutivo Federal, en particular el “Housing and Urban Development” (HUD), que hagan una evaluación sobre la metodología actual sobre el FMR en Puerto Rico, e inicien y completen un proceso de revisión reglamentaria o legislativa, para adoptar y ejecutar una nueva metodología que conduzca a una revisión abarcadora del FMR aplicable a Puerto Rico.