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Según Fernós, el Estado (representado por el CEPR) solamente debe otorgar a las universidades licencia para operar en Puerto Rico pero se ha combinado el proceso de licenciamiento con el de acreditación.

Manuel Fernos

CAPITOLIO - El presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, Abel Nazario Quiñones, se comprometió hoy con la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP) a mediar para que en una mesa de trabajo entre la Asamblea Legislativa, las universidades privadas y el Consejo de Educación Superior (CESPR) se lleguen a acuerdos sobre los procesos de licenciamiento por parte del CESPR.

El compromiso de Nazario Quiñones surge luego de que el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, recomendara a la Comisión que el Gobierno, el CESPR y la ACUP se unan en una mesa de trabajo para agilizar los procesos de educación “sin perder rigor académico”. El senador Eduardo Bhatia Gautier también se unió a este reclamo para atender de manera uniforme los asuntos que implican el licenciamiento y acreditación de las instituciones universitarias, entre otros asuntos que impliquen a la educación.

“La fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en los funcionarios del CESPR pero hay unas realidades de que hubo una fusión de dos Consejos y ha habido menos recursos económicos para que el mismo opere. Por otro lado, Puerto Rico está pasando por una situación fiscal difícil que necesita desarrollar la economía local y que las universidades produzcan el recurso humano necesario y nuevos programas académicos para nuevos proyectos que quiera hacer el Estado para echar hacia adelante la economía local. De eso se trata y creo que es cuestión de sentarnos en una mesa redonda el CESPR, las universidades y la Legislatura”, dijo Fernós.

El licenciado Fernós indicó en expresiones escritas apoyadas por la ACUP que la relación del CEPR con las universidades privadas debe percibirse en un contexto más amplio, “esto es la relación entre el Estado y el sector privado”. Esta petición surge porque el Estado (representado por la CEPR) solamente debe otorgar a las universidades licencia para operar en Puerto Rico pero se ha combinado el proceso de licenciamiento con el de acreditación. La acreditación es el proceso por el cual una institución universitaria es reconocida por alguno de sus programas, niveles de ejecutoría, “calidad e integridad”.

“El Gobierno debe velar porque se atiendan las funciones de licenciamiento sin combinar dichas funciones con las de las agencias acreditadoras. Las funciones de licenciamiento deben ser las de proveer unas guías claras a las instituciones educativas para autorizar, supervisar unas operaciones óptimas. Las funciones de acreditación son realizadas por entidades privadas que usualmente son sin fines de lucro y no gubernamentales. Por tanto la ACUP, siempre ha sugerido que el CEPR deje fuera de sus responsabilidades cualquier acción relacionada con los procesos de acreditación pues nos preocupa la dualidad que pueda representar el ser una agencia licenciadora y acreditadora a la vez, y porque consideramos que la función de acreditación ya está atendida y reglamentada por la Middle States Commision on Higher Education (MSCHE) y las diversas entidades particulares para la acreditación profesional de los programas conforme a la especialidad”, advirtió Fernós, a la vez que aclaró que todas las universidades privadas sin fines de lucro representadas por la ACUP pasan por los mismos procesos de rigor que la Universidad de Puerto Rico (UPR).

BA Funeraria Rodrguez

El Presidente de la Comisión adelantó que le gustaría trabajar unos términos de cumplimiento para ambas partes (solicitante y parte técnica del Consejo). También informó que le interesa que la Junta del Consejo evalúe “cosas medulares para la política pública”. De otra parte, Nazario Quiñones le solicitó a la ACUP que recomiende estudiantes con excelentes criterios académicos para que participen en el verano de la redacción de varios informes legislativos de la Comisión.

La ACUP representa a las instituciones de educación superior privadas (IESP), establecidas en Puerto Rico, sin fines de lucro, acreditadas por la Middle States Commision on Higher Education (MSCHE) y cuenta con una matrícula de aproximadamente 119,176 de 167,866 estudiantes de las IESP. Por tanto, representan al 71 por ciento de los estudiantes de la IESP del país. De hecho, el presidente de la Universidad Interamericana informó que cerca del 60 por ciento de los estudiantes de la UPR provienen del sector privado lo que contrasta con las universidades privadas de las cuales la mayoría de los alumnos provienen de escuelas públicas.

Entre las recomendaciones de la ACUP para la CEPR es que la Junta se reduzca de 9 a siete miembros en propiedad, seis representativos de todos los niveles y sectores educativos, un ciudadano particular y la Secretaria de Educación como miembro exoficio de la Junta para el Licenciamiento de Instituciones de Educación. Recomendaron que el Presidente de la Junta y los restantes miembros en propiedad sean nombrados por el Gobernador con el consentimiento del Senado.

La ACUP recomendó que los miembros en propiedad de la Junta realicen labores ad honorem. También sugirió que se asegure la consideración independiente de los asuntos relacionados con el tipo de licencia ya sea autorización provisional, renovación y enmiendas a la licencia. De igual forma, que se revise la necesidad de los Comités Evaluadores de pares y/o profesionales para Licencia Autorización y Enmiendas a Programas de Nueva Creación.

La vista pública se realizó como parte del proceso investigativo que realiza la Comisión sobre la Resolución del Senado 41 presentada por Nazario Quiñones para auscultar la situación económica, administrativa, operacional y el cumplimiento de las normas reglamentarias y legales aplicables, por parte del CESPR, a los fines de identificar acciones que apoyen su gestión.