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El Municipio de Canóvanas pagó una demanda de $1.8 millones porque no compareció al Tribunal al defender los intereses del municipio.

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Lornna Soto, alcaldesa de Canóvanas

SAN JUAN, Puerto Rico - La Contraloría de Puerto Rico recomendó a la Secretaria de Justicia investigar la participación de cuatro empleados y tres funcionarios del Municipio de Canóvanas en actividades políticas durante horas laborables, y cotizaciones falsas en la compra de camisetas, loncheras y pantalones por $9,219 del 2015 al 2016. Esto a raíz de los hallazgos señalados en el informe de auditoría M-19-01.

El Informe revela además que se ordenaron compras de juguetes por $21,993 sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores en el mercado, y las compradoras omitieron información y las firmas correspondientes en los documentos. Además, contrario a la ley y reglamentación vigente, el Municipio dejó de formalizar 106 contratos a proveedores agraciados en subastas del 2014 al 2016 y ha mantenido a 232 empleados clasificados como transitorios hasta por más de 23 años.

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El Informe de 10 hallazgos señala múltiples deficiencias relacionadas con la construcción de obras y mejoras permanentes. Por ejemplo, se otorgaron tres contratos para culminar trabajos de reparación de la pista atlética Jaime Rivera Hance, sin el permiso de uso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Además, el contratista del mini estadio en el barrio Lomas pagó los arbitrios de construcción y la patente municipal 153 días luego de haber comenzado los trabajos de construcción.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el Municipio sobrestimó los ingresos por $3.1 millones en el 2013 y $2.4 millones en el 2015. También se realizaron 166 transferencias de créditos del 2014 al 2016 por $2.9 millones sin la aprobación de la Legislatura Municipal.

El Informe comenta que el Municipio tiene déficits acumulados por $3.4 millones y sobregiros por $2.5 millones al 30 de junio de 2016. Además, al 30 de junio de 2017 no se habían recobrado $84,986 correspondientes al Informe de Auditoría M-03-57 del 2003.

Por otro lado, no se administró adecuadamente el proyecto de construcción de un edificio multiusos, una plaza de mercado, un centro de actividades y unas oficinas para alquiler por $5.3 millones entre el 2002 y 2004. El contratista de este proyecto presentó una demanda contra la administración de Canóvanas que perdió por no comparecer a la vista ni defender los intereses del Municipio. La sentencia del Tribunal ordenó al Municipio pagar $1.8 millones al contratista.

El Informe cubre el período del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.