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Por Juan Negrón Ocasio

En marzo, 2016 el Senado Republicano de EU estaba preparando una legislación para crear una junta (Oversight Board) para ayudar a los legisladores puertorriqueños controlar sus finanzas. El Portavoz del Congreso de USA, Paul Ryan, había prometido una solución responsable. Pero, el Comité de Recursos Naturales respondió con una propuesta legislativa compuesta por una junta de 5 personas. No aceptaron la bancarrota. Consideraron restructurar la deuda. Nadie ha dicho eliminarla. Los Legisladores Demócratas del Congreso se mostraron escépticos en que una junta tendría demasiado control sobre el gobierno puertorriqueño. Los que no lo saben la deuda económica de Puerto Rico es el resultado de más deudas sobre las deudas de las deudas atrasadas. En realidad, a quien le guste o a quien no le guste, solamente el Congreso de los EU puede resolver la crisis fiscal de Puerto Rico. Y los senadores norteamericanos solamente llegarán a un acuerdo con una Junta Observadora que vigile sus intereses y el uso financiero legal dentro del gobierno insular.

Lo bueno es que a finales de junio los puertorriqueños comenzarán sus actividades veraniegas en pre-celebraciones de la Independencia de EU del 4 de julio y con el nuevo comienzo fiscal de una solvencia sin solvencia total. Las fiestas comenzarán, si bien, pocos entiendan que EU era una nación compuesta por 13 colonias y se liberaron por una revolución el 4 de julio de 1776. El histórico evento ocurrió a causas de los atropellos políticos y económicos que les imponía Inglaterra. El 1 de julio Puerto Rico tiene que pagar $2 billones a sus prestamistas. Puede ser que la Junta Observadora garantice el pago de la deuda fiscal para que la colonia pueda seguir con sus funciones financieras y los borinqueños puedan disfrutar sus fiestas de verano.

Hay que tener pendiente unos detalles de la Junta. Para algunos estará mal mencionar que de acuerdo al documento, “Oversight On Puerto Rico”, presentado por el Comité de Recursos Naturales (CRN), “…el resultado de la deuda [de PR] se debe a décadas de gestiones fiscales pésimas, pólizas inconsistentes con leyes federales, y una economía estatal ineficiente”. Y que, un rescate financiero (bailout) significaría la perdida de ahorros y bonos de contribuyentes y crearía dificultades para inversiones de mercadeo en el futuro. Los trabajadores del sector público no tendrán derecho a huelga ni bloqueos. El salario mínimo será de $4.25 para trabajadores parciales menores de 25 años. El 13 de abril hubo otra reunión del CRN con Paul Ryan, Ron Bishop, Raul Grijalva en la cual se discutió PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act). Se intentó discutir sus pormenores. Se aumentó a 7 los miembros del grupo de la Junta y uno será un residente de PR. Nada más.

El 18 de mayo, hubo largas discusiones entre legisladores, sin desenredar totalmente la burundanga criolla. Pensaron que cuando la ciudad de Detroit se declaró en bancarrota había garantías del gobierno estatal para recuperar su economía. Puerto Rico no tiene garantías por no tener un mercado de producción: la agricultura es menos de 1% del GDP, el turismo contribuye con 7% del GNP, y según Fomento la Ley 74 beneficia por 10 años a negocios turísticos: 100% exención de arbitrios, pagos de patentes, artículos; 90% exención de contribución sobre ingresos e impuestos sobre propiedad. Exención quiere decir que no pagan. Los senadores norteamericanos quieren que el capital de mercadeo sea lo que ayude a la economía isleña y no los fondos del Tesoro ni el dinero del Gobierno de EU. Sin embargo, indiscutiblemente, la legislación de PROMESA va hacia el Congreso y establece que, “Ningún gobernador ni legislador puertorriqueño podrá ejercer ningún control, ni cuestionar, ni reclamar las actividades de la Junta Supervisora…”.

Nadie ha mencionado que se eliminará en su total la deuda, habrá un alivio para la economía, la pregunta es, y después de la Junta, ¿cómo el gobierno de Puerto Rico va a desarrollar su economía?