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Por: Víctor Alvarado Guzmán, Comité Diálogo Ambiental

cenizas AES Guayama

Victor AlvaradoMientras la realidad del cambio climático a nivel planetario sigue presionando a los países a fortalecer sus políticas públicas y tomar acciones dramáticas sobre la protección de los recursos naturales, el gobierno de Puerto Rico tomó la determinación de eliminar sus agencias ambientales.

El primer paso del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares fue nombrar a Tania Vázquez Rivera como secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), como preámbulo a la eliminación formal de esta última agencia.

En ponencias presentadas en el 2018 en la Asamblea Legislativa, Vázquez Rivera utilizó la expresión “extinta JCA” como un mantra para recalcar y recordar su inexistencia.

El turno del DRNA

Pero, el rol de Tania Vázquez va más allá de mantener bajo estado de incomunicación y falta de transparencia al DRNA.

Al igual que la Policía, que en el 2017 utilizó miles de dólares de fondos públicos para realizar 18 operativos, ofreciendo protección y servicios de escolta a los camiones que transportaron cenizas tóxicas de carbón desde la empresa AES en Guayama a vertederos en Peñuelas, ahora los menguados recursos del DRNA también están al servicio de esta compañía privada.

A principios de marzo de 2018, se reveló un estudio de DNA-Enviroment, LLC, en el cual se comprobó que las aguas subterráneas en el área de la planta de AES en Guayama, está contaminada con radiactividad, y metales pesados como arsénico, cromo, selenio y molibdeno.

Un segundo estudio reveló que esa contaminación es “estadísticamente significativa”.

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A través de su asesor legal, el Lcdo. Jerry Lucas Marrero, AES rechazó inmediatamente que las instalaciones de esta empresa fueran la fuente de contaminación y culpó a otras plantas en desuso en el área de la carbonera, sin tener evidencia que sustentara sus argumentos.

El 15 de marzo la “extinta JCA” emitió una Orden Administrativa de Hacer (OA-18-TE-030), la cual solicitaba una serie de documentos e información que, según la propia agencia, fue respondida por AES “en las fechas del 15 de mayo, 15 de junio y 7 de julio”.

Incluso, aseguraron que luego de recibir la información solicitada, “el personal químico perito de la JCA, se dio a la tarea de evaluar detalladamente los documentos recibidos”.

Sin embargo, ya el 28 de abril Tania Vázquez Rivera señaló que Guayama había sido un centro industrial durante décadas antes de que llegara AES y que existe un sitio de superfondo que ha estado operando desde 1999. Estos comentarios se recogieron en un reportaje titulado “Coal ash raising concerns over health risks in Puerto Rico” (Cenizas de carbón suscitan preocupación por los riesgos de salud en Puerto Rico), realizado por la Public Broadcasting Service (PBS).

Un informe del 6 de julio de 2017 estableció que la cantidad de cenizas amontonadas en AES Guayama era de 430,000 toneladas.

La secretaria del DRNA, con un lenguaje exculpatorio, muy similar al utilizado por el asesor legal de AES, y sin tener todos los documentos solicitados a la empresa carbonera, pasó juicio sobre un proceso que aún no había concluido.

Expuestos en vistas públicas

Durante una vista pública realizada el 24 de septiembre de 2018 por la Cámara de Representantes, el Lcdo. Ricardo Pallens Cruz, quien fuera miembro asociado de la “extinta JCA”, oficializó la postura de AES y Tania Vázquez Rivera, cuando a nombre del DRNA insistió en absolver a la empresa carbonera de la contaminación del agua subterránea.

“Pero en años anteriores tenemos que hubo otro tipo de industria, como petroquímicas que sí también pueden haber contribuido a este tipo de contaminación, porque las contaminaciones a los acuíferos ocurren muy lenta. No es una contaminación que ocurra de un año a otro”, dijo Pallens, obviando el dato importante de que gran parte de las cenizas depositadas a la intemperie en el patio trasero de AES, llevan más de 4 años allí.

Esto fue corroborado por un Informe Anual de Inspección realizado por el ingeniero Winston R. Esteves, a las instalaciones de AES en Guayama el 21 de septiembre de 2016, donde se establece que en el área de la planta se mantenían dos pilas almacenadas de cenizas y una de estas contenía residuos desde antes del 17 de octubre de 2015.

Un informe del 6 de julio de 2017, redactado por el mismo ingeniero, estableció que la cantidad de cenizas amontonadas era de 430,000 toneladas.

Además de obviar estos reveladores datos, los portavoces del DRNA tampoco aclararon que el amontonamiento de cenizas tóxicas por más de 180 días es ilegal. ¿Por qué la “extinta JCA” o el DRNA nunca tomaron acciones para hacer cumplir la ley?

El libreto de AES-DRNA, que exculpa a la empresa sin tener evidencia para descartarlos, tuvo su máxima exposición el 29 de octubre del 2018, en otra vista pública realizada esta vez por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado.

En la misma, Tania Vázquez envió una ponencia en la que minimizó los hallazgos de tóxicos en el agua subterránea como Arsénico, Cobalto y Molibdeno, insinuó que las altas concentraciones de Selenio es algo natural, le adjudicó la culpa a la intrusión salina por las altas concentraciones de Calcio, Cloruro, Sulfato y TDS (total de sólidos disueltos, por sus siglas en inglés), y aunque aseveró que los datos eran “insuficiente para poder determinar atribución o no” del Bario y elementos radiactivos (Radio226 y Radio228) a la inmensa montaña de cenizas de AES, reafirmó que “podrían no ser atribuibles a las operaciones del lugar”.

Para completar la pantomima del DRNA, una portavoz del área técnica de dicha agencia, Frances Campo Segarra, indicó que la detección de los elementos tóxicos hallados en el agua subterránea en el área de AES, podría “ser hasta ruido”, y no contaminantes, debido a la “sensitividad de los instrumentos”.

Las palabras del peñolano Jimmy Borrero tuvieron eco en toda la isla: “Se pueden ir al carajo con todo y reglamento”.

En otras palabras, los instrumentos utilizados son tan sensibles que podrían haber detectado contaminantes que realmente no existen en el lugar.

Un falso reglamento

La culminación de la burda y total entrega de las funciones del DRNA a la carbonera AES, se materializó en el falso reglamento sobre el manejo de las cenizas, presentado a finales de año para evaluación pública.

Solamente con leer su título, tenemos una idea de quién pudo haber redactado el mismo: “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón”.

Este falso reglamento, que parece más un manual interno de AES a ser utilizado en su propaganda mediática, es asumido por el DRNA, y se convierte en la posición oficial del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El peligro para todas las personas en Puerto Rico es que, de aprobarse tal y como se ha presentado, se permitiría el uso y depósito indiscriminado de cenizas tóxicas en cualquier pueblo, proyecto, camino, urbanización, centro comercial, vertedero, jardín botánico, en la costa, en la montaña, en reservas naturales o en cualquier lugar que AES quisiera llevarlas.

Todo esto sin el conocimiento ni consentimiento de los vecinos de estos nuevos depósitos de miles de toneladas de cenizas tóxicas cercanos a sus hogares.

Por eso, en las vistas públicas realizadas por el DRNA, a nombre de la Resistencia contra la quema de carbón y sus cenizas tóxicas (Resistencia RCC), el líder peñolano Jimmy Borrero Costas, le hizo claro al gobierno que combatiremos su insistencia de envenenar nuestras familias con la basura radiactiva de AES. Sus palabras tuvieron eco en toda la isla: “Se pueden ir al carajo con todo y reglamento”.

En el 2019, vamos a demostrarle al gobernador Rosselló y a Tania Vázquez Rivera, que, si ellos entregaron su conciencia y alma a los intereses de AES y sus cenizas tóxicas, nosotros no. Nos vemos en la calle.