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Por Juan Negrón Ocasio

El poder absoluto, o sea, todos los poderes sobre Puerto Rico, recae en el Congreso de Estados Unidos (EEUU) desde la invasión en 1898.

US Congress

Juan Bertin Negron OcasioEl 14 de julio en las páginas de Villalba Online publiqué lo que sucedería con la petición del Gobernador Ricardo Roselló y los legisladores estadistas: Carlos "Johnny" Méndez Núñez, Presidente de la Cámara de Representantes y Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado de Puerto Rico. Estos se negaban a acatar las directrices de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Redactaron una demanda de 175 páginas que no cumplirían y le enviaron el paquete vía exprés el 24 de abril de 2018 a la Juez Federal Laura Taylor Swain.

En el artículo expuse el por qué se impuso una JSF en PR y quienes son los culpables de la embrolla fiscal. Para no repetir lo mismo léalo aquí, Jarabe de sensatez para la memoria.

El gobernador demandaba a la JSF en el Tribunal Federal ante la Juez Taylor Swain, diz que, por intervenir con su “política pública, de querer quitarle trabajos a los boricuas y eliminar los bonos de Navidad”. Adicionalmente, reclaman los estadistas que ellos “son electos por el pueblo y harán lo que sea mejor para el pueblo...” Ante la presente mogolla política creen ellos tener el poder en la isla, y no el Congreso de Estados Unidos. ¡Cuán equivocados están!

El 7 de agosto, la Juez Taylor Swain desestimó la(s) demanda(s) del gobernador y otros contra la JSF. Léalo aquí, La Jueza Swain desestima las demandas del gobierno.

Hay algo de bueno de todo este embrujo jíbaro. Lo bueno es que se define quien tiene el poder sobre PR. Quienes son los que toman decisiones desarticuladas para la población. Y que los hechos históricos no mienten. Para entender todo este revolú el votante puertorriqueño debe instruirse, orientarse, y descartar opiniones adversas a la verdad.

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Iremos a paso de tortuga para entender un poco mejor la situación.

El poder absoluto, o sea, todos los poderes sobre Puerto Rico, recae en el Congreso de Estados Unidos (EEUU) desde la invasión en 1898. Los políticos electos en la isla sólo pueden administrar, sea gobernador, legislador, o alcalde. ¡Nada Más! Puerto Rico es un territorio no incorporado: una colonia de EEUU.

En 2016 el x-Gobernador Alejandro García Padilla (PPD, popular) declaró que no se podía solventar (pagar) la deuda de $70 mil millones a los acreedores (hoy la deuda se cree pasa de $125 mil millones, pero aún es un secreto). El Comisionado Residente, Luis Pierluisi (estadista), en ese entonces pidió al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes una legislación. La idea original sale de Pierluisi, y fue el propulsor de “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” conocida por su acrónimo como PROMESA (versión en español) junto al Representante Republicano Duffy (Sponsored by Rep. Duffy, PROMESA was developed by the Committee on Natural Resources with both member and stakeholder input). En mayo se aprobó la legislación HR 5278 y el Presidente Obama la firmó en junio.

Bajo PROMESA se estableció la JSF. ¿Quién la propuso? Luis Pierluisi: un estadista.

En las elecciones de 2016 el candidato estadista Ricardo Roselló hizo campaña prometiendo que tenía “un plan para sacar a la isla del hoyo de la embrolla”. Roselló ganó las elecciones y en mayo, 2017 declara a PR en bancarrota. Hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con el “Plan Fiscal Roselló”.

Ya mismo sabrán cual es ese plan.

De modo que, con PROMESA (versión en inglés) propuesta por un estadista, se estableció “la JSF que podrá vender bienes del gobierno, despedir empleados y combinar agencias públicas para enderezar las finanzas de Puerto Rico”.

Lo antes dicho es el Plan de Roselló combinado con la JSF. En Puerto Rico bajo la administración se han despedido miles de empleados públicos, se han combinado agencias, se han cerrado cientos de escuelas, y ha propuesto el gobernador vender la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, propuso convertir escuelas públicas en escuelas charters, y la privatización.

Aunque el “Plan Fiscal Roselló” no se ha visto, está vigente. Con la compañía Whitefish para reconstruir el sistema eléctrico de AEE se esfumaron $300 millones. Aumentó el presupuesto del Capitolio un 180%. Los salarios de administradores gubernamentales fluctúan entre $90,000 - $450,000. Roselló se compró un auto blindado en $245,000. La Comisionada Residente, Jennifer González, también es parte del plan. Compró una Ford Expedition “custom-made” en $65,000 para ir desde su oficina a unas cuadras del Congreso. La Secretaria de Educación gana $250,000, y el Director de Seguridad $248,000. El sistema de educación está peor y los crímenes aumentan.

El plan no ha cesado ni cesará. El 8 de agosto, se reúne el Gobernador Roselló con José Carrión, Presidente de JSF. Carrión contrató a Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva de JSF, por $625,000 anuales. Pa’ complementar el guiso, Carrión, aumentó el presupuesto de JSF de $12 a $80 millones.

Las demandas vanas del ejecutivo y los legisladores estadistas es acusar para tapar sus desvaríos. Entienden que no tienen ningún poder, pero pretenden engañar a los electores. La JSF es parte de la estrategia de estrangular al pueblo puertorriqueño.

Sin embargo, el latigazo de la juez federal a los estadistas fue a quemarropa; “dictaminó que el gobernador y todas las agencias de gobierno tendrán que consultar antes de aprobar cualquier regla, reglamento u orden ejecutiva” (Junta pide que se le consulte).

La única salvación para Puerto Rico, por ahora, es auto-educarse, organizar comunidades, crear líderes en diferentes sectores marginados donde haya posibilidad de elegir candidatos. Dar comienzo a un proceso del voto mixto por gente decente. Gente que no se venda.