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Por Juan Negrón Ocasio

¿Por qué existe el tirijala entre el ejecutivo, los legisladores puertorriqueños y la Junta Fiscal? Simplemente los políticos puertorriqueños, en su mayoría, omiten disciplina fiscal.

PR Quiebra

Juan Bertin Negron OcasioNo debería ser un misterio que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un plan fiscal para resolver la desquiciada situación económica de Puerto Rico. En la legislatura norteamericana se votó 297-127 y así se creó la Junta de Supervisión Fiscal bajo la llamada Ley Federal (H.R. 4900-Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), mejor conocida como PROMESA. Bajo esta Ley Federal (Congress Bill_HR 4900) está adjudicada la Junta Fiscal (JF). El que lea las condiciones de la Ley podrá corroborar que la JF tiene el poder legal de aceptar o rechazar el presupuesto del gobernador de la isla.

De modo que, el propósito fundamental de la Junta es reestructurar la mogolla financiera que dejaron los gobernadores desde 1952-2016. Para beneficio de los que no leen inglés, y no entienden las estipulaciones de PROMESA pueden leerlas en español en www.aldia.microjuris.com, u oprimiendo el siguiente enlace si esta publicación se hace en formato digital: Conoce el Proyecto Federal PROMESA y el Poder de la Junta Fiscal.

Estipula la Ley que, “HR 4900 está creada para establecer una Junta de Supervisión Fiscal para asistir al Gobierno de Puerto Rico, en manejar sus finanzas públicas, y para otros asuntos”, aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por el Presidente Obama (2016). Es una Ley establecida por el Congreso de EE.UU. Ese Congreso tiene todos los poderes sobre la colonia de Puerto Rico desde 1898.

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La embrolla que nos dejaron los pasados gobernadores llega a 75 mil millones de dólares. El país no tenía ni tiene medios de producir capital para liquidar esa deuda. Por tal motivo, en 2017 el Gobernador Ricardo Roselló declaró al país en quiebra para poder re-estructurar la economía. En vez de hacerlo, desde entonces, se ha formado un tirijala entre la JF, el ejecutivo y la legislatura isleña. Recientemente, el gobernador estableció una demanda a la JF por “intentar usurpar los poderes políticos y gubernamentales y el derecho de autonomía” del pueblo de PR.

El problema se complica porque el gobierno de PR sigue gastando dinero sin estructurar ningún plan de producción

Aparentemente, el gobernador y la legislatura de mayoría estadista creen que Puerto Rico tiene poderes autónomos. En realidad esos poderes no existen. Utilizan a beneficio la Constitución del ELA que es un documento insignificativo para EE.UU. Únicamente existe el poder del Congreso de Estados Unidos sobre PR. De modo que, dentro de esa “creencia de poderes” el ejecutivo rechaza las recomendaciones de la Junta Fiscal decretada por el Congreso y acata el presupuesto enviado por la legislatura jíbara del 2018-2019.

En la política del puertorriqueño existen unas condiciones utópicas, y a su vez preocupantes. Los “75 mil millones de dólares en deuda” es en realidad una manifestación de asuntos fiscales que los gobernadores hicieron a base de tomar prestado para pagar préstamos hasta que llegó el momento en que pagar a prestamistas fue imposible. Este asunto de la quiebra de PR es el más grande en la historia de los EE.UU. Pero los acreedores, con derechos, reclaman recobrar su dinero. El problema se complica en pagarles porque el gobierno de PR sigue gastando dinero sin estructurar ningún plan de producción. La única estrategia es recibir dinero federal para servicios sociales, por ejemplo, Medicaid/Medicare, y seguir recibiendo ayuda federal sin ningún tipo de contribución como lo hacen todos los demás estados de la unión americana.

El gobierno federal envía fondos para la infraestructura (puentes y carreteras) que nada tiene que ver con negociaciones de la Comisionada Residente. Por otro lado, los pagos que envía FEMA, por ley federal pertenece a los contribuyentes de los estados y territorios, y los millones que llegan son préstamos federales y no necesariamente caridades del Tesoro Federal.

¿Por qué existe el tirijala entre el ejecutivo, los legisladores puertorriqueños y la Junta Fiscal? Simplemente los políticos puertorriqueños, en su mayoría, omiten disciplina fiscal. Y, aunque los estadistas quieren estadidad para Puerto Rico no muestran capacidad para lidiar con situaciones difíciles como es el presupuesto apropiado que demanda la modernización de la isla y las necesidades de la población. Además, el ejecutivo y los legisladores han creado una protesta, como cortina de humo, para defender sus propios intereses presupuestarios. La oficina del gobernador aumentó a un 180% el presupuesto del Capitolio. Mientras ordena el cierre de escuelas, continúan numerosas residencias sin electricidad, las carreteras se hunden, múltiples puentes están destrozados y miles de hogares no están preparados para un ciclón.

Adicionalmente, los legisladores tienen presupuestos millonarios para sus oficinas, ejecutivos y exgobernadores tienen escoltas; los salarios de administradores, que ya se ha criticado bastante, son exorbitantes. Los de los legisladores fluctúan entre $75,000 - $125,000, y los funcionarios del gobierno entre $98,000 - $750,000. Sólo hay tres estados (CA, PA, NY) que superan los salarios de legisladores puertorriqueños. Mientras que a los maestros, policías, y empleados públicos en la isla no les alcanza el sueldo.

La Junta la creo el Congreso para supervisar el erario del país. El ejecutivo y los legisladores estadistas que arman trifulcas insubstanciales deberían considerar tomarse un buen jarabe de sensatez y acordarse de PROMESA. La Jueza Federal Laura Taylor Swain determinará que el gobierno de PR tiene que seguir las propuestas fiscalizadoras de la Junta de Supervisión Fiscal. El Tribunal de Boston ni si quiera atenderá el asunto.